El proyecto de ley presentado por el Gobierno para convocar una Asamblea Constituyente es una más de sus estrategias para definir la agenda pública y señalar a terceros como responsables de la crítica situación que vive el país. Ante la escasa favorabilidad del gobierno de Gustavo Petro, su apuesta de cara a las próximas elecciones es consolidar el relato de que los cambios prometidos no fueron posibles por los “bloqueos” que las élites políticas y económicas impusieron a su agenda reformista. Su discurso jamás ha sido el del consenso, sino el de la confrontación, no porque el consenso -al menos en algunos temas- sea imposible, sino porque fragmentar al país le otorga un inmenso oxígeno político entre sus bases.
Convocar una Asamblea Constituyente a estas alturas, calcando el argumento del “bloqueo institucional” que se esgrimió también en 1991, carece de viabilidad política tanto en el Congreso como en una sociedad civil que espera un cambio de gobierno que le permita retomar el rumbo del país. No obstante, el Gobierno, consciente del escaso o nulo apoyo que tendría esta iniciativa, busca un nuevo argumento para movilizar a las calles y fortalecer el discurso según el cual el Congreso no representa la soberanía popular. Colombia, lejos de necesitar una Asamblea Constituyente en medio de una crisis provocada por el propio Gobierno, requiere que se cumpla la Constitución, que se respeten los procesos democráticos y que se recupere el camino de la sensatez pública.
La policrisis que enfrenta la nación es consecuencia de un gobierno que no ha sabido generar consensos, que se ha dedicado a dividir al país y que ha tomado un sinnúmero de decisiones equivocadas, con efectos notorios en el sistema de salud, la economía, la educación, la seguridad y la credibilidad internacional de Colombia. En un modelo fuertemente presidencialista, donde el Ejecutivo goza de amplios poderes, no tiene asidero el argumento de que la situación actual sea producto de un supuesto bloqueo institucional o del modelo constitucional vigente, en cuyo diseño participaron diversas fuerzas políticas -incluida la izquierda-.
Hoy, el país se ve constantemente retado a decidir en qué enfocar su energía, pues el Gobierno ha hecho un excelente trabajo en convertirse en el centro de atención nacional e incluso regional. Ante esta realidad, a los colombianos nos corresponde adoptar la estrategia de la defensa incondicional de la democracia, retomar la agenda del sentido común y evitar caer en la trampa del caos noticioso en que se ha convertido el país. En síntesis, a Colombia le toca plantear su propia agenda de desarrollo, pensar en el futuro y no hacerle el juego al gobierno de turno.
@tatidangond
