En derecho, el tiempo no es un capricho: es una garantía. Los plazos no adornan el código; protegen la igualdad procesal y fijan reglas claras para todos. Por eso, esta semana sorprendió que la Procuraduría, al parecer, radicara su apelación en un caso de connotación nacional, siete minutos después del límite legal. El término vencía a las cinco de la tarde y el envío del recurso se hizo a las 5:07. Siete minutos que, bastan para reabrir una discusión sencilla: el Estado a través de sus instituciones, también debe llegar a tiempo.

Cuando un abogado defensor presenta un escrito fuera de hora, así sea un minuto, la respuesta es casi siempre es que se declare extemporáneo y, por lo tanto, desierto. En cambio, cuando el retraso proviene de un órgano de control, el guión cambia. Sin embargo, el debido proceso no tolera relojes distintos: quien vigila la legalidad, como lo debería hacer la Procuraduría, debe también ser el primero en respetar los términos. No hay mérito en exigir rigor a la defensa si se normaliza la flexibilidad para otras partes.

Desde que empezamos a estudiar derecho aprendemos que los términos son sagrados. Se repite en todas las clases: los plazos no se negocian. Por eso la ley fija, por ejemplo, 36 horas exactas para legalizar la captura de una persona. Nadie imaginaría justificar una audiencia celebrada 37 horas después, por muy buena que sea la excusa. Porque en la justicia, los minutos cuentan: no son caprichos del reloj, son el límite entre la validez y la arbitrariedad. Quien olvida eso, olvida el sentido mismo del procedimiento.

Es cierto que la virtualidad transformó la práctica y que hoy en día, hemos promovido que los plazos sean de todo el día y no en el horario judicial tradicional de 8:00 am a 5:00 pm. Pero mientras la norma mantenga los horarios judiciales tradicionales en nuestro país, rige para todos por igual. No hablamos de formalismos vacíos; hablamos de la seguridad jurídica que tutela no solo al procesado, sino a las víctimas, procesados y sociedad.

Es cierto que esta norma debería actualizarse. El sistema digital cambió la forma de litigar y tiene poco sentido mantener horarios pensados para el papel y la ventanilla física. Pero una cosa es reconocer la necesidad de reforma, y otra muy distinta actuar como si ya existiera. Mientras la regla esté vigente, debe cumplirse. No se puede invocar la modernidad solo cuando conviene, ni convertir la virtualidad en excusa para flexibilizar la ley. Recordemos que la igualdad ante la ley también se mide en minutos, y la credibilidad, en la puntualidad con que el Estado acata sus propias reglas.

@CancinoAbog