La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos era un hecho previsible. Se anunciaba en los pasillos diplomáticos y solo se esperaba su oficialización en la fecha señalada. Tal como lo advertí en una columna titulada “Consultas urgentes”, todos los elementos estaban dados para que llegara esta medida, una sanción que Colombia no enfrentaba desde el gobierno de Ernesto Samper.

La descertificación -emitida con el matiz de un waiver o excepción de interés nacional- no implicará, al menos por ahora, la pérdida de la cooperación estadounidense, especialmente en materia de seguridad, ni la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, sí acarrea efectos reputacionales que pueden impactar la percepción del país ante inversionistas extranjeros, afectar el turismo -tan sensible a este tipo de decisiones- y repercutir en el día a día de los colombianos en el exterior.

Colombia entra así, con un asterisco diplomático, en la bitácora de los países reprobados por Estados Unidos. Y la responsabilidad política recae enteramente en el gobierno del Pacto Histórico, tal como lo afirma el comunicado oficial que acompaña la medida: “El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”. El presidente Gustavo Petro ha desconocido la relevancia estratégica que Estados Unidos tiene para Colombia y ha descuidado, de múltiples maneras, la relación bilateral más importante para el país. Más aún, no solo la ha desatendido, sino que ha realizado declaraciones y emprendido acciones contrarias al interés nacional, poniendo en riesgo, en reiteradas ocasiones, el vínculo con Washington.

El camino para recuperar la certificación está claramente trazado: intensificar la lucha contra el narcotráfico, reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos, triplicar los esfuerzos de investigación y sanción contra los responsables, desmontar los beneficios otorgados a miembros de organizaciones criminales bajo la política de Paz total y adoptar un discurso firme y coherente en torno a la lucha contra las drogas en la región.

Varios expertos han señalado que esta descertificación no reviste la misma gravedad ni las consecuencias que tuvo en en 1996, cuando el gobierno de Bill Clinton sancionó a Colombia durante la presidencia de Ernesto Samper. Como lo explicó Adam Isacson, de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), en el pódcast “Y esto no es todo” del Georgetown Americas Institute, el contexto colombiano era distinto en aquel momento.

No obstante, esto no significa que la descertificación actual carezca de consecuencias delicadas y preocupantes. Al contrario: el desenlace puede ser aún más grave si no se adoptan correctivos inmediatos. Es indispensable que el gobierno reflexione por el bien del país y que el próximo administre la relación bilateral con una visión de política exterior centrada en la seguridad y el desarrollo, como lo plantearon esta semana el excanciller Guillermo Fernández de Soto y el exembajador Andrés Rugeles.

@tatidangond