Volvieron a salir los jefes petristas con el manido refrito de cambiar la Constitución nacional, pero, esta vez, después de 2026, con una jugadita política –porque no alcanza ni a ser ni una jugada–, calculada para recuperar algo del electorado perdido por su mal gobierno y porque ninguno de los candidatos de Gustavo Petro tiene su misma capacidad de engaño. Y argucia calculada para poder prometer lo que se les antoje, así no se lo permita la Constitución ni cuenten con la fuerza para cambiarla, porque el año entrante van a elegir menos congresistas de los que tienen ahora, insuficientes para cambiarla.
Otra vez, politiquería mediocre, que amerita recordar cómo fue el fallido sainete de marzo de 2024, cuando Petro salió con el cuento de que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución y poder hacer cosas –que nunca precisó– que serían muy útiles para los colombianos.
En medio de la alharaca, hubo tres posiciones. La de los petristas, avivatos o ingenuos, que salieron a hablar de las maravillas que lloverían sobre los colombianos. La de los jefes de los partidos tradicionales que metieron miedo diciendo que Colombia se volvería otra Venezuela. Y la de quienes dijimos que la Constituyente no pasaba de ser un cañazo, que es el truco de ciertos jugadores de naipes que, sin buenas cartas en la mano, apuestan duro para que los adversarios se corran y quitarles las apuestas que hayan hecho.
¿Y qué pasó con la dichosa Constituyente? Nada. Petro ni se atrevió a proponerla en el Congreso. Al igual que sucedió, luego del fiasco del decretazo, cuando habló de una papeleta proconstituyente en las elecciones de marzo próximo y que, tras un par de autorizados regaños por su ilegalidad, los puso a él a y Montealegre a cerrar el pico.
Ojalá que ninguno de sus contradictores le infle más cañazos a Petro.
De otra parte, el rechazo ciudadano le está haciendo fracasar a Petro una de las peores reformas tributarias que se conozcan, porque apunta a subir el IVA y demás impuestos indirectos del 50 al 75 por ciento del nuevo recaudo, una monstruosidad, porque son impuestos contra los paupérrimos, los pobres y las capas medias, tributos que no existían antes de 1963, en los prolegómenos del neoliberalismo, y que intentaron aumentar Duque y Carrasquilla, lo que sí lograron Santos, Uribe y otros, todos ellos con una visión tributaria tan neoliberal como la de Petro.
Aumenta el escándalo sobre las relaciones de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y tres poderosos petroleros: Serafino Giácono, William Vélez –expatrón de Roa– y Juan Guillermo Mancera. Escándalo que empezó con el costosísimo apartamento que compró y remodeló Roa, según han detallado, con pruebas, Daniel Coronell y El Tiempo. Y hechos que en un gobierno distinto al de Petro habrían sacado a Roa de Ecopetrol, quien también ha debido perder su cargo por las acusaciones de grave corrupción como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Digno de todo repudio es también que el gobierno de Gustavo Petro haya caído en la irresponsabilidad de promover que Juliana Guerrero usara ilegalmente aeronaves del Estado y, peor aún, las justificara con mentiras. Y que además la pusiera en el plan de aceptar un alto cargo para el que no cumplía con los requisitos legales.
*Tomado de Cambio Colombia
@JERobledo
