Muchas personas me preguntan por el futuro de Colombia. El 2026 aunque está a la vuelta de la esquina, se siente lejos y, por ello, la incertidumbre política es más la regla que la excepción. Esta sensación no es nueva. La hemos venido teniendo desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Por primera vez, en la historia reciente de Colombia, un presidente llegó al poder con el propósito de aniquilar la separación de poderes, de suprimir las instituciones y de atacar los lazos con el sector productivo del país.

Nunca en estos 3 años hemos visto de parte del jefe de Estado y su gobierno, perspectivas positivas, nunca ha habido frases de optimismo. Todo lo que existe es pesimismo y amagos de destrucción.

Estos tres años de Petro han sido constantes y coherentes con su propio caos. Al inicio de su gestión, una idea de pacto nacional con diversas fuerzas políticas se rompió rápidamente. En cuanto al orden público, se produjo un desmantelamiento de las fuerzas militares y de policía al inicio de su gobierno, con ceses al fuego con diversas organizaciones criminales y una idea de paz total que fracasó en medio de los intentos de sacar de la cárcel a los delincuentes que destruyeron el país en el 2021.

La autoridad fue retirada de los territorios donde se produjo un cambio de fuerzas en las que las organizaciones criminales dominan el país como ocurrió hace 25 años en la zona de distensión que dirigía las FARC.

En el caso de la justicia, Petro no ha respetado en estos tres años su dignidad. Primero fue el enfrentamiento que sostuvo con la Fiscalía que dirigí cuando me negué a suspender órdenes de captura con fines de extradición de narcotraficantes. Luego trató de imponer su criterio en su relacionamiento con la rama judicial al señalar que “ el jefe del fiscal soy yo” y luego trató de presionar a la entidad en la investigación contra su hijo cuando hizo su terna para fiscal con 7 meses de antelación.

Las críticas contra las decisiones al Consejo de Estado, los ataques a la Procuraduría, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, al Banco de la República y las persecuciones contra el sector salud, energético y financiero han sido las reglas. La corrupción ha pululado y las relaciones internacionales han sido pobremente gestionadas. Mire, por ejemplo, la relación con Estados Unidos.

El narcotráfico sigue llenando de recursos el país, nos excluyeron del grupo Edmont sobre lavado de activos, no hay lucha contra ese crimen, aunque el mismo gobierno diga que aumentó la incautación, sin verificación externa alguna. Aumentan las remesas que llegan a casi 50 billones de pesos al año, lo que ha hecho sostener un ritmo de crecimiento artificial. El gasto público irresponsable ha aumentado de forma sustancial. Se han suscrito más de 2 millones de contratos de prestación de servicio y la tasa de inversión es del 16% frente al 24% del PIB de hace 10 años.

El último año ha sido muy duro para el Congreso de la República. Negar o archivar una iniciativa del gobierno, lleva a Petro a echarle su gente a los congresistas e incluso a amenazar con decretazos que desconocen la tridivisión de poderes, o posibles consultas, constituyentes o amenazas de reelección. Si a esto le sumamos, los efectos políticos de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe o el atentado contra el candidato Miguel Uribe, el camino no es claro.

Por eso, cuando me preguntan para donde va el país. Mi respuesta es clara. Hacia una unión contra el petrismo, que no se va a dar sino hasta marzo del próximo año. Por ahora nos queda sobrevivir a Petro. El relevo político será una discusión ulterior que no está en el orden del día.

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

@FGFBarbosa