El pasado 16 de mayo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Finagro, habilitó $128.000 millones en subsidios para coberturas de riesgos agrícolas.

Se trata de un incentivo al seguro de cosechas para ayudar a los agricultores a estabilizar sus rentas ante los riesgos climáticos, fitosanitarios y de precios de mercado. Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura asignó los recursos de manera discriminatoria, con criterio político y no técnico. Los subsidios fueron distribuidos de forma arbitraria e injusta, sin tener en cuenta la buena gestión de unos frente a la mala gestión de los otros; igualaron a todos por abajo. Tampoco le dieron prioridad a los cultivos semestrales y regiones con mayor vulnerabilidad.

Es absurdo que no hayan asignado un paquete de recursos para subvencionar las pólizas de seguros contra riesgos climáticos y precios de mercados a los agricultores de Casanare, Meta y Vichada que sembraron 216.000 hectáreas de arroz, 80.000 hectáreas de soya y 74.000 hectáreas de maíz amarillo. Me cuentan que este semestre hubo exceso de lluvias y baja luminosidad en esos departamentos, lo cual puede afectar la productividad de las cosechas que comienzan la otra semana. Con la caída de los precios de mercado, ahora le toca al gobierno destinar unas ayudas “extraordinarias” para evitar una quiebra general y levantar el paro arrocero, que ya deja enormes pérdidas a otros sectores de la economía del país.

También es lamentable, que Fedearroz, no hubiese gestionado una póliza colectiva para sus 17.000 afiliados, con los 100 millones de dólares que ha recaudado el gremio desde el 2012, con las subastas de importación de arroz desde los Estados Unidos. Por el lado de las compañías de seguros, tampoco hemos visto un compromiso serio con el sector agropecuario. Las aseguradoras prefieren seguir en su zona de confort con los seguros parametrizados, un esquema basado en una indemnización sobre una determinada variación de lluvia o temperatura, en lugar de basarse en la evaluación de daños reales.

En varias ocasiones he sugerido al Ministerio de Agricultura, Fasecolda y Finagro, crear un esquema de coaseguro. Este sistema ayudaría a enfrentar riesgos que, por su intensidad, alcance, frecuencia impredecible y costo económico, son muy difíciles de asumir por cualquier aseguradora que trabaje sola.

Aparte de lo anterior, está la economía de escala, que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, por ejemplo, Agroseguro gestiona todo el sistema con solo el 5% de las primas, algo absolutamente impensable para una aseguradora aislada. Con ese presupuesto, además, financian estudios de investigación relacionados con el comportamiento de los cultivos y métodos de tasación que permiten a los peritos actuar de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.

En Colombia, la implementación del seguro agropecuario ha sido lenta y con una cobertura que no supera el 3% del total de la superficie agrícola. De 5,8 millones de hectáreas que se cosechan al año, solo se aseguran unas 178.000 hectáreas. Para alcanzar algún grado importante de cobertura del seguro agropecuario, se hace necesario crear un sistema de coaseguro para la administración del seguro agropecuario. Otro desafío para el 2026.

*Consultor en crédito de fomento agroindustrial.

@indadangond