Algo huele mal en la sede de la Regional Norte de Medicina Legal, en Barranquilla. Y no se trata únicamente de la pestilencia que suele emanar de los cadáveres en descomposición, también de la falta de claridad o transparencia en la información a la que tienen derecho los ciudadanos que se acercan a la entidad a reclamar los cuerpos de las personas fallecidas.

Desde hace días en EL HERALDO hemos recibido denuncias, cada una más lamentable que la anterior, acerca de las condiciones indignas en las que los dolientes deben realizar una diligencia penosa, en sí misma, que se ha tornado aún más “tormentosa”. La que cumple Medicina Legal es una labor altamente compleja, de naturaleza técnica y científica, que además involucra emociones intensas, de eso no cabe duda. Por eso, deben asegurarse de acompañarla de humanidad y respeto, porque cuando se pierden la indignación se desata.

Pues ese es el sentimiento compartido por deudos de los fallecidos ante la desinformación sobre la entrega de cuerpos o el penoso estado de putrefacción en el que algunos de ellos son devueltos para sus honras fúnebres. El insoportable hedor que contamina el ambiente en las afueras del instituto, en el barrio San Isidro, empeora el malestar por la incertidumbre de una espera que las personas advierten como una burla cruel a su dolor. No hay derecho.

Como casi nada sucede al azar, esta situación anómala debe tener motivos detrás, aunque el relato oficial se esfuerce en restarle gravedad o minimizarlo. Llevamos días tirando de la madeja para desenredar el asunto y hasta ahora sabemos que la crisis en el manejo de cadáveres en la morgue de la entidad tendría origen en la sobreocupación de su cuarto frío.

Su capacidad le permite guardar entre 16 y 20 cuerpos, sin embargo por el recrudecimiento de hechos violentos en Barranquilla y municipios, sobre todo fines de semana y festivos, habría tenido que almacenar más de 80. Esta versión del sindicato Sindimedilegal coincide con la que le entregó a EL HERALDO el veedor ciudadano Rubén Moreno De las Salas, quien le ha puesto la lupa al tema para denunciar lo que llama “una crisis sanitaria” en toda regla que afecta a su comunidad. Y en particular, a los estudiantes del Instituto Inocencio Chincá.

A la espera del resultado de investigaciones que los organismos correspondientes deberían iniciar cuanto antes a partir de las denuncias ciudadanas, la hipótesis de un cuarto frío que no da abasto, que opera por encima de su capacidad de refrigeración en una ciudad con exigentes necesidades de enfriamiento debido a sus altas temperaturas, resulta un razonamiento lógico, de sentido común. A primera vista, eso esclarecería el porqué de la rápida descomposición de cadáveres y la fetidez del aire dentro y fuera de Medicina Legal.

Ahora bien, determinar por qué las directivas Erika Vargas Sánchez y Marjorie Cervantes, notificadas como estaban, de acuerdo con el sindicato, de las deplorables condiciones de los trabajadores y de ciudadanos aquejados por demoras en la entrega de cuerpos no adoptaron los correctivos del caso, eso es otra cosa. Lo mínimo es que ofrezcan sus explicaciones a los entes de control, también a la Administración distrital, a los que les ha faltado celeridad, pertinencia e interés para abordar una problemática de salud pública, al igual que de salud mental que ha impactado a un importante número de ciudadanos abandonados a su suerte.

Cuanto más transparentes sean y actúen las instituciones, más confían las personas en ellas. Este no ha sido el caso. ¿O es que es normal que a una familia le entreguen el cuerpo de su ser querido con gusanos, como lo atestiguan empleados de las funerarias, luego de días de insoportable espera? Cabría preguntarse, ¿si la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico o su responsable nacional, tiene algo que decir sobre lo que ha venido ocurriendo?

Revictimizar a las víctimas es ruin. Nadie debería tolerarlo. En aras de la claridad debida, si existen falencias en el servicio, necesidad de contenedores refrigerados para los cuerpos, de expansión del cuarto frío o de más personal ante el aumento de la demanda de trabajo, deben hacerse públicas. Negar o encubrir que algo pasa, cuando tantas señales evidencian lo contrario, solo produce un prescindible desgaste institucional que a nadie conviene.