Difícil encontrar un caso de agresión contra una empresa como el que ha desplegado el gobierno de Gustavo Petro contra Thomas Greg & Sons (en adelante Thomas Greg). El caso de los pasaportes y las elecciones son temas centrales en los intereses de Petro. Por eso su inquina.
La persecución inició cuando se frenó el proceso de licitación para la elaboración e impresión de los pasaportes debido a que esa empresa era la única que cumplía con los requisitos técnicos y económicos y había sido seleccionada legalmente. Cuando Petro se enteró, la reacción del gobierno fue clara: declarar desierta la licitación y volver a la empresa Thomas Greg un chivo expiatorio de su inquina.
A partir de esa infausta decisión y ante la angustia del gobierno por quedarse sin empresa para elaborar los pasaportes se aplicó la figura de la contratación estatal denominada “ urgencia manifiesta” para que Thomas Greg siguiera con su elaboración e impresión. Petro tuvo que tragarse ese sapo.
En los últimos días con la llegada del nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade y la salida de la canciller Sarabia, quedó en evidencia que la persecución prima en este gobierno. Se anuncia ahora un etéreo proceso contractual con Portugal con la anuencia de la Imprenta Nacional y se informa que no se hará otra urgencia manifiesta con la empresa Thomas Greg.
Sobre este punto, cabe decir que ni el excanciller Murillo, ni Sarabia prepararon la licitación en el tiempo en que ha operado la urgencia manifiesta. Anuncia Saade que en septiembre de 2025 se continuarán expidiendo los pasaportes cuando es evidente que los colombianos se quedarán sin ese documento. Esta situación más la segura persecución contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por el trabajo serio que ha realizado la empresa Thomas Greg en los procesos electorales son hechos que no pueden obviarse. Increíble que a Petro le haya servido el sistema electoral para ser Representante, Senador, Alcalde y Presidente, pero el mismo sistema no le sirva para elegir a su sucesor. Comportamiento de tirano que debe rechazarse.
Pero más allá de esta historia, debo destacar tres aspectos que surgen de esta situación.
En primer lugar, existe una falsa lucha contra la corrupción. El gobierno pretende mostrarle al país que bloquear al contratista es parte de su estrategia contra la corrupción cuando la verdad hace parte de la animadversión contra el sector privado y seguramente de la necesidad de tener un negocio millonario en sus manos.
En segundo término, se evidencia una falta de garantías del Estado frente a los contratistas en licitaciones o concursos públicos. El capricho y la falta de objetividad del gobierno disuade la inversión y afecta la capacidad de la empresa privada de participar en proyectos públicos.
Por último, tiene que ver con que se afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía. El pasaporte es un documento que permite ejercer el derecho a la circulación y a la movilidad. Impedir este derecho nos pone en un escenario similar a una dictadura. Recordemos que en Venezuela este aspecto ha sido central durante la satrapía de Chávez y Maduro.
El caso de la empresa Thomas Greg es el mismo de decenas de empresas que hoy no tienen un socio confiable sino un Estado abusivo, bloqueador y cuya preocupación son los intereses de los funcionarios pero no los de la ciudadanía. El pueblo debe ser el beneficiario de los derechos y los servicios. El Estado debe ser su protector no su verdugo.
* Ex fiscal general de la Nación
* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
