La Contraloría General de la República lanzó una advertencia al gobierno nacional sobre el uso de los recursos de las vigencias futuras que se destinan a los proyectos de infraestructura. El ente de control plantea tres preocupaciones.

La primera tiene que ver con el uso de los recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura . No tiene sentido bloquearlos porque eso generaría un desmedro de los bienes de la Nación que afectaría a la ciudadanía y a los contratistas.

Un segundo aspecto, se refiere a las miles de demandas que se instaurarán contra el Estado si las vigencias no se usan o si se usan para otros menesteres. Recordemos que utilizar recursos que tiene una destinación específica en otro rubro es abiertamente ilegal y genera responsabilidades penales.

Un tercer tema está relacionado con la cláusula incluida en los contratos de infraestructura, a través de la cual, se establece que la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) debe hacer anualmente un aporte de vigencias futuras, independientemente del avance o no de la obra. Si no se cumple con ese pago se generaría una posible responsabilidad contractual del Estado. Sobre este punto debe advertirse que para modificar esa cláusula se requiere un acuerdo entre las partes y aprobaciones previas del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal). Esa preocupación no cabe en la mente de Petro. Según lo manifestó la semana pasada en la alocución pública del 21 de abril, las vigencias futuras que se encuentran en las fiducias y no se hayan girado - debido a que sus mismos funcionarios han los bloqueado dichos giros-, deben destinarse para otros temas. Señaló puntualmente que 8 billones de pesos que estaban en un fideicomiso debían utilizarse para adquirir biológicos para vacunar contra la fiebre amarilla. Intento fallido de fabricar una irreal pandemia. En los anuncios hechos por Petro no cabe el acuerdo, solo el autoritarismo.

Sobre el bloqueo a los proyectos de infraestructura, debo recordar como hace unos meses en esta columna señalé que el ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) fue puesta por Petro en manos de fanáticas ambientalistas que han bloqueado innumerables proyectos en todo el territorio nacional con requerimientos absurdos que impiden su ejecución. A la fecha, son más de 800 proyectos bloqueados por 500 consultas previas, es decir, contratos adjudicados por el Estado los cuales son bloqueados por el mismo Estado. Cientos de procesos se adelantan ante la justicia donde los contratistas utilizan “el hecho del príncipe”, figura jurídica del derecho administrativo consistente en que el mismo Estado sin modificar el contrato directamente, altera su equilibrio económico o financiero. Que se atengan los funcionarios que han bloqueado estos proyectos ante las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias que vendrán cuando termine este gobierno.

Las condenas serán en contra de las entidades y deberán repetir contra los funcionarios responsables por el daño causado. Para ese momento, Petro ni se acordará del nombre de sus ministros y ejecutores de esta política, ni le interesará. Allá cada uno que contrate su abogado y pierda su patrimonio.

La solución es simple. Respeten los contratos firmados con los contratistas, giren las vigencias futuras, destraben los proyectos en manos de esa agencia innecesaria e ideologizada (ANLA), pónganse en la tarea de resolver las más de 500 consultas previas que tienen bloqueado el sector de infraestructura y agilicen otros sectores que están afectados y que involucran los más de 100 billones de pesos parqueados en las fiducias. Colombia necesita buen gobierno, carácter, determinación y mucha agilidad para que los colombianos vuelvan a creer.

*Ex fiscal general de la Nación

*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)