Desde la aprobación de la Ley 2365 de 2024, las empresas han tenido que revisar y actualizar sus políticas internas para prevenir, atender y sancionar situaciones de acoso sexual en el trabajo.
Hoy en día, las compañías están obligadas a contar con unas directrices claras sobre este tema, crear un protocolo que indique cómo deben manejarse las denuncias y conformar un equipo preparado para atender estos casos de forma adecuada. Todo esto busca garantizar un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores, contratistas y terceros.
El Ministerio del Trabajo ha insistido en la importancia de que las empresas cumplan con estas obligaciones e incluso ha invitado a los trabajadores a denunciar cualquier caso de acoso con el apoyo de la entidad. En un reciente comunicado, recordó que proteger los derechos de los empleados es una prioridad.
Además, para reforzar estas medidas, el Gobierno expidió el Decreto 405 de 2025, que establece sanciones para aquellas empresas que despidan a un trabajador en medio de un proceso de denuncia por acoso sexual o hasta seis meses después de presentada la queja. Las sanciones económicas no son menores: pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa aproximadamente 237 millones de pesos.
Ante este panorama, es fundamental que las empresas enfoquen sus esfuerzos (tanto administrativos como financieros) en la prevención del acoso sexual. No se trata solo de cumplir con la ley para evitar sanciones, sino de formar a sus trabajadores, diseñar rutas claras para atender denuncias y crear espacios de prevención para evitar que se presenten este tipo de conductas.
Nuestra experiencia demuestra que contar con políticas claras, protocolos bien definidos y personal capacitado no solo permite atender de manera adecuada las denuncias de acoso sexual, sino que también ayuda a las empresas a gestionar los riesgos internos de forma oportuna, evitando conflictos que puedan escalar en procesos legales o sanciones administrativas. Una gestión proactiva también envía un mensaje claro de compromiso y seriedad a todos los miembros de la organización.
En definitiva, fomentar una cultura de prevención en el entorno laboral no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una inversión en clima organizacional. Promover espacios de respeto y confianza fortalece la colaboración, mejora la productividad y permite a las empresas construir bases sólidas para su crecimiento sostenible a largo plazo.
