A estas altura del partido, y habida cuenta de que la práctica política es prometer y anunciar una cosa para hacer la otra, es hora de que los colombianos dejemos de creer que somos un país, casi del primer mundo, que puede regularse como uno europeo, con siglos de civilización. De manera que, por ejemplo, la gobernabilidad que perdió su significado como la capacidad del gobernante para cumplir las promesas a sus electores, para convertirse en su habilidad de darle cuotas de gobierno a los caciques electorales, es un asignatura pendiente.

Sería más transparente si la reforma constitucional estableciera hasta qué monto pueden contratar con el Estado los hermanos, padres, familiares y entenados de los congresistas, para que haya igualdad, mis amores, y que el ponqué se reparta proporcionalmente. De esa forma se vigilarían milimétricamente entre ellos mismos y, de paso, eliminamos dos ías: contraloría y procuraduría, que gastan ingentes sumas en perseguir las chichiguas y a sus enemigos personales.

Ese es solo un ejemplo, para demostrar que es más rentable organizar, reglamentar y aplicar pesos y contrapesos a la corrupción, "para llevarla a sus justas proporciones", como lo predijo, sabio él y conocedor del manzanillismo como nadie, el difunto Julio César Ayala a los comienzos de su gobierno. Y ni siquiera eso pudo, o sus proporciones eran del tamaño de su barriga. Y no lo logró porque estaba desbordado por su propia alma de clientelista.

Por eso digo que es hora de situarnos en el aquí y ahora, dejar de soñar con el cambio y creer en promesas de esta casta política, para proceder mediante un referendum a modificar La Constitución y legalizar lo que se considera ilegal o inmoral, pero con un contrapeso en multas y sanciones de última opción, o sea, irremediable, irrevocable, inmediata. La otra forma de cambio, como es la civilizada elección popular de otro tipo de dirigentes y otra fórmula económica, no parece viable hasta dentro de muchos años. El principal motivo: en esas colectividades existe el mismo canibalismo de los clientelistas aunque no tengan prebendas para repartir, pero ganan los egos.

Esta real regulación de la forma verdadera como trabajan y se interrelacionan los poderes institucionales de Colombia sería más justa e igualitaria, en la medida en que no seríamos engañados ni usados y podríamos exigir sanciones específicas para funcionarios y políticos que desborden el nuevo marco constitucional y viviríamos en la realidad, sin eufemismos, ilusiones vanas ni manoseo politiquero. Con el voto obligatorio llegaríamos a que nuevos clientelistas alcanzaran el reparto, con su ganado enlazado, y evitaríamos la excesiva concentración de poder del ejecutivo.

Mientras tanto, sin el desgaste de la indignación y la putería que nos consumen, de pronto somos capaces de alcanzar la conciencia clara sobre la necesidad de manejar al país de otra forma y tendríamos los ovarios y los cojones para apoyarlo.

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