Paz con legalidad, dos años de una política alterna al acuerdo
El Gobierno resalta la mayor erradicación de cultivos ilícitos. Sin embargo, organizaciones critican que sea forzada y no se implemente el PNIS.
La promesa de “derogar la justicia especial para la paz” hizo que el sector que había votado por el no al plebiscito trasladara su voto a una campaña que prometía no poner en marcha los Acuerdos de Paz. Así, el 7 de agosto de 2018, Iván Duque se posesionó como el nuevo presidente de Colombia.
En estos dos años de mandato, su promesa le causó reclamos, odios y amores. Por un lado, la corriente más radical del uribismo le ha exigido cumplir a dicho compromiso. Por otro lado, la izquierda, los partidos de centro y las víctimas le han exigido, por el contrario, cumplir con los Acuerdos de Paz.
La comunidad internacional, garante del Acuerdo, también vigila de cerca la implementación del mismo y, en una carrera por justificar los recursos aportados por los organismos internacionales, Duque empezó a manejar un discurso pacífico, de respeto al acuerdo, en su política exterior; pero el discurso en Colombia era cada vez más radical contra los excombatientes de FARC.
En medio de las tensiones y de una promesa enfática en campaña, pero un acuerdo legal, que obliga al Estado a cumplirlo, Duque lanzó la política de ‘Paz con legalidad’.
Una política alterna
Alirio Uribe, vocero del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y delegado de las plataformas de Derechos Humanos para la Mesa de Garantías, puso de presente que pese a que el Gobierno resalta logros en la implementación del Acuerdo de Paz, en realidad está trabajando en aras de la política ‘Paz con legalidad’.
“El tema no es si el presidente quiere o no la paz, sino que dice: ‘soy el Gobierno de la paz con legalidad’, pero él tiene 6 reformas constitucionales y más de 100 normas y leyes estatutarias en el Acuerdo. Si yo soy el Estado debo cumplir, debo aplicar esas normas sin desfinanciarlas y no hacer otra política y a esa sí meterle recursos”, señaló el también miembro del Consejo Nacional de Paz.
Puso como ejemplo el Programa de Acción Oportuna (PAO) como una política de Duque distinta a la contemplada en el acuerdo en materia de garantías de seguridad y protección para los líderes sociales.
“En los puntos 2, 3 y 4 del Acuerdo de paz había un plan con varias instituciones y mecanismos para darle seguridad a los territorios de las antiguas FARC y a los líderes comunitarios. Ese plan, que además incluía el desmonte del paramilitarismo, no se ha aplicado. Fueron dos años perdidos, sin lograr la protección de los Derechos Humanos y sin poder evitar los asesinatos de líderes sociales y reincorporados. ¿Qué hizo el Gobierno? Se inventó el PAO. Si esa medida fuese eficaz no la refutaríamos, pero ya nos dimos cuenta que no lo es y, aun así, no cumple lo que sí está fijado en el Acuerdo en este sentido”, explicó el vocero del CAJAR.
En el mismo sentido, el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos expuso: “Se han presentado tres puntos críticos: el primero ha sido los continuos ataques a la JEP por parte del partido de Gobierno. El segundo, la lentitud en la aprobación de los proyectos productivos de los excombatientes y, el tercero, la inseguridad de los excombatientes y los líderes sociales.
Sobre la política de ‘Paz con legalidad’, el Gobierno expresó: “Avanzamos en una gestión estructural y detallada para iniciar la transformación de las condiciones de vida de más de 6.6 millones de personas, los más afectados por situaciones de violencia y pobreza, a partir de la planeación, la articulación y la ejecución de obras requeridas por las mismas comunidades, lo que permite empezar a cerrar esa brecha gigantesca que ha dividido a la sociedad colombiana”.
Masacres y asesinatos
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), desde septiembre del 2018 hasta el 19 de junio de 2020, 125 líderes sociales han sido asesinados (7 en 2018, con 22 casos en verificación; 86 en 2019 y 33 en 2020, con 47 casos que están siendo verificados).
“La cifra va aumentando y parece que el presidente no se espabila, no dice nada, no hay garantías, apenas hasta ahora se están retomando las mesas territoriales y se inventaron unos paños de agua tibia para poder decirle a la ONU que sí tienen planes para la protección, pero es mentira, no hay voluntad política que diga que de verdad hemos avanzado en eso”, señaló Rosario Montoya, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) capítulo Atlántico.
Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que con el PAO, en 2019, se realizaron 36 visitas a territorios en 14 departamentos del país.
“También se logró la formulación de 10 rutas departamentales para el fortalecimiento de la atención oportuna e inmediata de los líderes sociales”, indicó el ministerio.
Por su parte, el abogado Alirio Uribe manifestó: “Otra vez se están viendo masacres, desplazamientos forzados y militares muertos en combates, aunque Santos la dejó golpeada, este Gobierno también cerró la mesa con el ELN”.
Según la ONU, además, en lo que va del 2020 han asesinado a 33 reincorporados de las FARC; 78 en 2019 y 65 en 2018. Otro de los puntos en los que no ha habido mejora es en la protección de estas personas. El organismo mundial refirió que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 17 excombatientes mientras esperaban medidas de protección.
“La Subdirección continúa señalando que se requieren urgentemente recursos adecuados para implementar de manera apropiada las 11 medidas de protección recién aprobadas y las 77 medidas incompletas. Se necesitan 140 escoltas adicionales y más analistas para responder con eficacia a las solicitudes de protección, ya que el número de analistas ha disminuido, pasando de 22 en 2018 a 7 en 2020”, precisó la ONU.
Diálogo y cese al fuego.
A Duque también le tocó enfrentar el atentado a la Escuela de Policía General Santander, atribuido al ELN, el pasado 17 de enero de 2019 (a 5 meses de haberse posesionado).
Tras dicho acto, en el que murieron 23 personas y cerca de 100 resultaron heridos, el presidente decidió romper la oportunidad de diálogo con el ELN.
Del 1 al 30 de abril, el grupo guerrillero declaró un cese al fuego unilateral. “Se redujo la violencia en las zonas con presencia del ELN, organizaciones colombianas observaron que en abril el cumplimiento del cese al fuego fue considerable y que la Fuerza Pública no llevó a cabo operaciones militares ofensivas contra el ELN”, precisó la ONU.
El organismo mundial añadió que la mencionada guerrilla decidió no prorrogar el cese al fuego, señalando que no había tenido respuesta recíproca. Decisión que criticó el presidente Duque.
“Desde el fin del cese al fuego se han reanudado la violencia y los enfrentamientos en las zonas con presencia del ELN y otros grupos armados ilegales, lo que ha afectado a la población civil, que ha sido objeto en particular de desplazamiento y confinamiento forzados”, manifestó la ONU.
Secuestro y reclutamiento
Uno de los logros que resaltó el Gobierno Nacional es la reducción en la tasa de secuestros. Según dio a conocer, entre el 1 de enero al 30 de junio del 2020 se registró una disminución del 19% en casos de secuestro, en comparación con el mismo periodo de 2019. De 48 se pasó a 39, en el mismo periodo de cada año. No obstante, en total, en estos dos años se registró una cifra de 131 secuestros. “En 2019, el secuestro presentó la cifra más baja, históricamente, con 92 casos, lo que significó una reducción del 48% frente al registro de 2018, año en el que perpetraron 176 secuestros en el país”, anotó el Gobierno.
Sobre el reclutamiento, el gobierno de Duque actualizó la política de prevención del mismo, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes , en especial, se puso en marcha en 29 entidades territoriales con la participación de 10 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
“Identificados 197 municipios de mayor riesgo, se diseñó el plan de acción para proteger a los menores de edad en estos territorios; la ejecución comenzó el 31 de julio y beneficiará a 5 millones 500 mil menores de edad”, refirió el Ejecutivo.
Cultivos ilícitos
El Gobierno resaltó la erradicación de cultivos ilícitos como uno de los logros de estos dos años. De 169.000 hectáreas en 2018 se disminuyó a 154.000 en 2019, logrando una reducción del 9%. Precisó que 101.273 hectáreas han sido erradicadas de manera manual a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la Fuerza Pública.
“También pasamos de 23 Grupos de Erradicación Móvil en julio de 2018 a 150 en noviembre de 2019, y a 196 en marzo de 2020. Además, en 2019 llegamos a más de 428 toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína, 4% más respecto de 2018”, aseveró el Gobierno.
No obstante, la implementación del PNIS ha sido una de las críticas más fuertes al presidente Duque por parte de organizaciones sociales.
“El gobierno le ha incumplido a las comunidades que se vincularon al PNIS y le ha apostado a la erradicación forzada, lo que ha venido produciendo conflictos con comunidades de distintos territorios”, aseguró Trejos.
En su último informe, la Misión de Verificación de la ONU resaltó que la resiembra en 28 municipios monitoreados es inferior al 1%, pero añadió que “ los avances en los proyectos productivos, que son clave para ayudar a las familias que participan en el programa a pasar a unos medios de vida legales sostenibles, siguen siendo limitados”.
“El Gobierno le incumplió a los campesinos, implementó nuevas propuestas jurídicas y eso por lo que tanto luchamos las víctimas para que quedara en el acuerdo en el punto cuatro lo convirtió en las ‘Zonas Futuro’, la sustitución de cultivos ha sido un fracaso. Los proyectos productivos no llegaron a muchas zonas y han recurrido a la erradicación violenta y esos campesinos han quedado con hambre”, lamentó Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas Colombia.
Según datos de la ONU, desde 2017, 99.097 familias participan en el programa de sustitución de cultivos, de las cuales 35.304 están encabezadas por mujeres.
No obstante, el vocero del CAJAR anotó: “Cuando Santos terminó su mandato 99 mil familias tenían acuerdo con el PNIS, pero después no se suscribieron nuevos acuerdos y lo que ha hecho Duque es afianzar las erradicaciones forzadas violentas por encima de la sustitución voluntaria e hizo lo contrario al acuerdo, atacar a los más vulnerables en esta cadena: los cultivadores y los consumidores (fueron 350 multas a consumidores antes de que la Corte tumbara ese decreto de la prohibición de la dosis mínima”.
Reforma rural
La reforma rural es uno de los puntos del Acuerdo de Paz que más le refutan a Duque. A pesar de que es el primero punto del acuerdo, según sus críticos, es en el que menos se ha avanzado.
De hecho también en este punto, le critican a Duque que en vez de poner en marcha una reforma rural su política ha estado centrada en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“Estructuramos las hojas de ruta para los PDET en 16 subregiones, para la ejecución de 32 mil iniciativas propuestas por las comunidades. Presentamos la primera de ellas en Catatumbo. Con una inversión de $141 mil millones, se han entregado, a la fecha, un total de 888 obras PDET (una obra y media por día) de infraestructura comunitaria, relacionadas con salud, vivienda, educación y deporte, que benefician a 76 mil familias de zonas rurales”, afirmó el Gobierno.
Añadió que han invertido más de 2.6 billones de pesos para la transformación de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. “Los alcaldes de 170 municipios incorporaron la política de los PDET en sus planes de desarrollo y sus políticas de largo plazo”, agregó el Gobierno.
En el último informe de la Misión de Verificación de la ONU se resalta los avances del Gobierno en la implementación de esta política. No obstante, se advierte: “Varios actores, entre ellos organizaciones de la sociedad civil y FARC han solicitado que los PDET se vinculen más estrechamente a otros aspectos de la reforma rural integral prevista en el Acuerdo Final, incluidos los 16 planes nacionales para la reforma rural integral, 6 de los cuales ya se han aprobado”.
Por su parte, la directora de Humanas Colombia rechazó: “No se ha cumplido el fondo de tierras para mujeres, el PNIS ha tenido muchas dificultades y los municipios PDET es una nueva alternativa propuesta por el Gobierno, siendo la reforma un proceso que las víctimas lucharon por incluirlo ahí”.
Para el senador de FARC Carlos Lozada, firmante del Acuerdo, ha habido un incumplimiento en este primer punto del acuerdo. Refirió que del millón de hectáreas que el Gobierno ha incorporado en el Fondo de Tierras, “apenas ha entregado 27 mil hectáreas a campesinos que no tenían tierra. El resto de las que han reincorporado eran terrenos baldíos”.
“Hay un incumplimiento. En el catastro rural, apenas se ha avanzado en la creación de normas pero no se ha avanzado procedimentalmente en la materialización de un censo”, señaló.
No obstante, reconoció que el Gobierno ha implementado 16 PDET, pero anotó que no se han desarrollado plenamente. Añadió: “Al día de hoy (ayer) firmaron la escritura de compra de la primera finca para ubicar un proyecto de vivienda donde están (los reincorporados) en el Tolima”.
Las curules de las víctimas
Otras de las ‘batallas’ cruzadas por la implementación del Acuerdo de Paz son las 16 curules a las víctimas que están consagradas en el mismo. En el Congreso de la República, varias veces se ha discutido. El partido de gobierno, el Centro democrático, ha sido enfático en decir que estas curules serán para personas cercanas a las FARC y no para las víctimas.
No obstante, Rosario Montoya, del Movice Atlántico, trajo a colación el tema al hablar de estos primeros dos años de gobierno del presidente Duque.
“Las 16 curules deben salir de los territorios que fueron afectados por el conflicto, de las mismas comunidades. Piensan que quienes van a ingresar a ocupar esas curules sumarán apoyo a las bancadas de oposición y FARC, esos son los miedos que tienen. Pero las víctimas no somos ex integrantes de ese grupo, nosotros somos víctimas de los actores armados”.
Montoya puso de presente que la figura de Duque como presidente, al principio, les brindó esperanza. “Al ser un hombre joven vimos que era alguien joven vimos que podía avanzar en la mejora de la democracia de este país, pero lo que vimos, a unos días de su posesión, no obedecía a una postura de su propio criterio sino a continuidades de gobiernos anteriores. Eso significó para los defensores de Derechos Humanos nuevamente cierta desconfianza en la posibilidad de avanzar en la mejora de las víctimas y los líderes en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Asimismo citó, por ejemplo, los “ataques indiscriminados a la JEP” como la razón para que los terceros civiles responsables no estuviesen obligados a comparecer ante el tribunal de paz. “Quedaron campantes sin decir verdad y las víctimas no tendrán justicia en ese sentido”.
Además, lamentó que varios logros por los que han luchado como víctimas hoy estén tratando de retroceder: “Con Justicia Paz, las víctimas ganamos la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, se dio una reivindicación; pero ahora lo que está pasando en esa institución es desfavorable al negar el conflicto armado. Todo lo que ganamos, por lo que luchamos, nos lo quieren quitar. El Estado insiste en el negacionismo”.
Añadió que sobre la Ley de víctimas, la 1448, a pesar que se prorrogó porque aún no se han reparado a las víctimas, no van a haber nuevas vinculaciones y además están intentando bajar los montos de reparación. “El partido de Gobierno quiere acabar con la restitución de tierras y quiere acabar con los montos de reparación. Este Gobierno nos ha revictimizado”, señaló la secretaria técnica del Movice capítulo Atlántico.
De otro lado, reconoció que sí ha habido avances en algunos puntos del Acuerdo de paz. No obstante, la representante de víctimas lamentó que estos se hayan dado por la intervención de la comunidad internacional y no por la voluntad política del Estado.
En tanto, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, resaltó “el compromiso para el pago de las indemnizaciones”.
“Se hizo un compromiso presupuestal. En el 2019 tuvimos el presupuesto más alto en la historia, 744.000 millones de pesos para indemnizar a las víctimas. En el 2020, dejamos un billón de pesos y llegamos al cumplimiento de 125.000 víctimas indemnizadas”.
Añadió que en total, durante dos años, el Gobierno ha logrado “pagar la indemnización a 178.000 víctimas con una inversión superior a 1,5 billones de pesos”.
El director de la Unidad de Víctimas añadió que también se ha avanzado en la reparación colectiva. “El presidente Iván Duque pidió avanzar en los procesos de reparación colectiva. Hemos cerrado 20 sujetos de reparación colectiva, adelantamos más de 830 acciones en los planes de reparación colectiva, entregamos más de 39.000 millones de pesos en bienes para esos sujetos de reparación colectiva y también hemos logrado la consolidación de Paz con Legalidad, articulando los 170 municipios PDET con los planes de reparación colectiva, teniendo en cuenta que 2.4 millones de víctimas de esos nueve millones de víctimas que tenemos en el registro se encuentran en los 170 municipios PDET”, recapituló.
Así mismo, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Víctimas, Vladimir Martin Ramos, agregó que en lo que va de 2020 y, en comparación con el mismo periodo de 2019, se ha identificado una disminución del 51% en la presentación de tutelas.
“La estrategia de la Unidad ha generado importantes resultados, pues, gracias a ello, se logró la disminución aproximada del 90 % en la radicación de acciones de tutela, pues, en el 2015 se radicaron un poco más de 215.000 tutelas y en lo corrido del 2020, solo se han interpuesto más de 15 mil tutelas”, refirió el jefe de la OAJ de la entidad.
Así, estos dos primeros años de mandato de Duque terminan con la insistencia gubernamental de seguir implementando la 'Paz con legalidad' y con las críticas de sectores sociales y de algunas víctimas que esperan que el Acuerdo de Paz tenga cabida en este Gobierno.
