La superintendenta de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, aseguró este miércoles en rueda de prensa desde la capital que los seis inversionistas de la venta de Electricaribe siguen firmes en el proceso de subasta.

"Los seis precalificados que presentaron sus sobres el 31 de mayo y que fueron calificados en julio han tenido una interacción permanente con los equipos de la compañía, han mantenido su interés. Obviamente algunos con mayores consultas, y por eso nos atrevemos a hacer esta prórroga, porque hemos visto el interés, asisten a las presentaciones y a las visitas de campo y ellos mismos fueron los que manifestaron esta preocupación de las normas tributarias", afirmó la funcionaria.

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Esto un día después de que el ente de control anunciara que tomó la decisión junto con Electricaribe de prorrogar el plazo de la subasta de la empresa para finales de febrero de 2020.

"Esta decisión se tomó con base en un análisis que tanto el equipo de la compañía como el Gobierno Nacional han venido haciendo desde la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento", dijo Avendaño y explicó que las normas de esta disposición "tienen un impacto en la valoración de la compañía, porque no habría reducción en renta ni habría lugar a las megainversiones, y esto nos deja con una diferencia en la valoración aproximada de $500 mil millones, y los inversionistas tendrían que castigar este valor en las ofertas que nos hagan".

Agregó la titular de la entidad que fueron los interesados quienes manifestaron su preocupación, "por lo que decidimos que lo mejor era tener una certidumbre de las normas tributarias para que los interesados hagan a principios de año sus análisis, presentarlo a sus juntas directivas, enviar sus sobres el 20 de febrero, y tener las subastas el 26 y el 28 de febrero".

Frente a la eventualidad de que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento, advirtió Avendaño que "ahí revisaremos qué impacto tiene esto. (...) Si no pasa se harán las ofertas teniendo en cuenta las normas tributarias existentes en este momento, porque el problema es la incertidumbre: es tener unas subastas en diciembre con una ley en trámite que le quitaría una diferencia de valor a la empresa".

La superintendenta también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno Nacional pudiera asumir el control de la compañía: "Si tenemos un fracaso en la venta de uno de los segmentos o de los dos, se mirarán las alternativas al interior del Gobierno de si pasar a un esquema diferente a la intervención para poder garantizar la prestación del servicio".

Y acerca de la propuesta de que el servicio lo pudiesen asumir los gobiernos locales o departamentales, como lo han sugerido en una eventualidad algunos gobernantes electos, señaló que "esas son conversaciones que no hemos tenido con ellos, y se darán cuando asuman".

Estimó además que el nuevo operador o los nuevos operadores tendrían un periodo de tres o cuatro meses para la entrega de las llaves de la compañía, es decir en los dos meses siguientes a la subasta.

Aseguró así mismo que las tarifas no se van a ver afectadas mientras se surte el aplazamiento: "Aumento en las tarifas no va a haber hasta tanto no haya un nuevo operador".

Y sobre las inversiones del Ejecutivo en la empresa, reiteró la super que "ya los $860 mil millones de inversión surtieron todos los trámites, ya la compañía terminó de contratar los primeros $125 mil millones del primer Conpes, está el proceso de contratación de los otros $735 mil millones y ese es un compromiso del Gobierno, esperamos que el proceso termine en 2020 y esa ejecución la terminarán los nuevos operadores".