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Colombia

Expertos analizan efectos de la extradición de ‘Otoniel’

Aunque hay opiniones encontradas, expertos coinciden en que la medida cumplió un acuerdo suscrito entre Estados Unidos y Colombia. Juristas también opinan.

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Durante un par de horas el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia; el director de la Dijín, general Fernando Murillo, y el jefe de Interpol Colombia, coronel Mauricio Pardo, siguieron minuto a minuto el operativo. Sus caras quedaron retratadas en las diferentes fotografías que se hicieron de la diligencia: Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue extraditado a EE. UU.

La rapidez del operativo no dio tiempo para especulaciones, pero conforme pasaban los minutos, el proceso adquirió  un tomo polémico, pues dejó sobre el tapete una serie de preguntas sin responder (por ahora) sobre su participación en el conflicto armado colombiano.

A los pocos minutos de que se conociera la ejecución de la medida, el presidente Iván Duque confirmó la extradición, pero no ofreció razones del porqué del repentino proceso.

Solo se sabe que la medida fue posible después de que el Consejo de Estado levantara una medida cautelar concedida la semana pasada a organizaciones de víctimas del Chocó, la cual buscaba impedir la entrega del jefe del Clan del Golfo a Estados Unidos.

Para Reynell Badillo, investigador del Centro de Pensamiento UNCaribe, lo ocurrido con ‘Otoniel’, la tarde del miércoles, responde principalmente a una estrategia de seguridad de este Gobierno, que ha considerado al narcotráfico como la mayor amenaza del país.

“El resto de elementos de la guerra han sido considerados irrelevantes. Eso hace que, para el gobierno, la captura de ‘Otoniel’ haya sido importante, no por su historia en el conflicto o por la importancia del Clan del Golfo en las dinámicas de la guerra actual, sino por un elemento: el narcotráfico. En ese sentido, a este gobierno le importa muy poco todo lo que alguien pueda aportar a la verdad de la guerra”, dijo Badillo.

El experto consideró que lo anterior ayuda a explicar por qué el gobierno apoyó la extradición, pero no la rapidez de la extradición. En ese sentido, la razón más importante, en su criterio, es posiblemente “la oposición que un sector siempre ha mostrado para evitar que se conozca la verdad sobre el involucramiento de terceros en la guerra”.

Varios factores

Entre tanto, el coronel (r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que, de alguna manera, era “urgente” para el Gobierno sacarlo a la mayor brevedad posible por una confluencia de factores.

“Estaba en medio el compromiso del presidente (Duque) de extraditarlo a los Estados Unidos como ya lo había dicho y anunciado en repetidas ocasiones; y en segundo, pues todo lo que estaba diciendo (‘Otoniel’) de alguna manera contaminaba a las instituciones y a las organizaciones del Estado”, expuso el experto.

Hay un tercer factor que, según Marulanda, apresuraron la extradición, y estaría relacionada con la necesidad de “parar, frenar o retardar” esa acción que se había interpuesto para que no fuera extraditado. “Allí se corría el riesgo implícito de que terminara en la JEP o que se fugara”.

Para César Niño, profesor de Conflicto y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, lo ocurrido con ‘Otoniel’ responde a una “voluntad política”, pese a que son evidentes los temores en varios sectores de la población.

“La extradición no fue un trámite fugaz, pero sí lo fue la decisión de un día para otro, a pesar de que había un requerimiento para tenerlo retenido en varios contextos. Esa medida responde a unos compromisos que tenía, pero esta, en últimas, satisface la demanda de justicia de EE. UU. y no a la de Colombia”, dijo el académico.

El coronel (r) José Espejo, analista en temas de seguridad, consideró que ‘Otoniel’, luego de sus diferentes intervenciones y comparecencias “se fue desinflando” en la medida en que fue amenazando que “iba a prender el ventilador”.

“Se creyó que iba a aportar una gran verdad, pero no se conoce nada en concreto y todo eso terminó desinflando las cosas. La Corte Suprema consideró que debía irse, y su participación en la justicia colombiana estaría garantizada a través de los diferentes tratados”, indicó Espejo, al tiempo que destacó que “se perdió el interés por la verdad que ‘Otoniel’ iba a aportar”.

Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Uninorte, sostiene que tiene dos hipótesis frente al tema: La primera es que posiblemente “hubo presiones” de Estados Unidos sobre el gobierno colombiano. “Esto teniendo en cuenta que ‘Otoniel’ lideraba la organización ilegal con mayor capacidad logística para la exportación de clorhidrato de cocaína”.

“La segunda hipótesis se relaciona con un afán de élites políticas colombianas de silenciar a ‘Otoniel’, ya que estaba contando verdades comprometedoras ante la JEP y estaba a punto de tener contacto con medios de comunicación nacionales”, aseveró Rosero.

Una mirada jurídica

Con relación a la decisión que tomó el Consejo de Estado en medio del estudio de una tutela dentro del mismo proceso, el abogado Guillermo Rodríguez indicó que la orden de lo contencioso se da como hecho superado en razón de que ya se dio la extradición, es decir, “no hay lugar a seguir con ningún trámite judicial de ese tenor”.

“A los acuerdos de cooperación judicial y al compromiso de extraditarlo cuanto antes se tomó la medida, pues se buscaba evitar una posible fuga que ya estaba advertida con antelación por el Gobierno”, indicó el abogado.

El abogado Camilo Burbano, profesor de derecho penal y ex director nacional del Sistema Acusatorio, afirmó que, en efecto, no había ningún impedimento para ejecutar la medida.

“El Consejo de Estado levantó la medida cautelar que impedía la extradición, por lo que se podía proceder con la medida. Todos los trámites de extradición ya estaban cumplidos dentro de los términos usuales, solo hacía falta entregar a ‘Otoniel’ a las autoridades estadounidenses”, aseguró el jurista.

‘Otoniel’, de 50 años, tenía 128 órdenes de captura en Colombia por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, entre otros  delitos.

Víctimas cuestionan la extradición de ‘Otoniel’

Desde la captura de ‘Otoniel’, el 23 de octubre de 2021, diversos sectores se reclamaba que el jefe del Clan del Golfo no fuera extraditado tan rápido a Estados Unidos, pues se considera que aún guarda secretos y tiene mucha información que puede aportar a la Justicia colombiana para ayudar a esclarecer crímenes del conflicto.

Esas peticiones se fueron al piso una vez que el Gobierno colombiano cumplió con el trámite y lo envió a suelo estadounidense.

Silvia Berrocal, víctima de la masacre de La Chinita en Apartadó en el Urabá antioqueño  se mostró pesimista ante la decisión de la extradición.

“No quieren que hable porque toca políticos y gente del gobierno, entonces eso no les interesa a ellos ni que les digan las cosas”, dijo la mujer en diálogo con Caracol Radio.

Precisamente representantes de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, de la Comunidad de las Camelias y del Consejo Comunitario Cabeceras; así como de la Comunidad de Pichima, el Cabildo Mayor de Murindó y la Comunidad de Jiguamiandó en el Chocó habían interpuesto la tutela para evitar que la medida fuese ejecutada, pues buscaban la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, por lo que pedían que Úsuga no fuera extraditado hasta tanto diera su versión sobre lo ocurrido con esas comunidades a manos del Clan del Golfo.

Pero como respuesta a estas peticiones, el Consejo de Estado precisó que el derecho que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares a ser oídas “se encuentra protegido en el derecho interamericano a partir de la convención y declaración americanas”.

Corte abre indagación a congresistas salpicados por Úsuga

Luego de recibir de la JEP la declaración que dio en el tribunal de paz el jefe de Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, la Corte Suprema de Justicia ordenó el testimonio del narcotraficante desde los Estados Unidos, país al que fue extraditado este miércoles, y abrió indagación preliminar contra varios congresistas.

La indagación previa es contra el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y los exlegisladores Milton Rodríguez, Carlos Cárdenas y Camilo Abril, a quienes Otoniel habría salpicado por presuntos nexos con el grupo criminal. “#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ recibe declaración de Dairo Antonio Úsuga de @JEP_Colombia, abre indagación previa contra el senador Miguel Ángel Pinto y los excongresistas Milton Arlex Rodríguez, Carlos Cárdenas y Camilo Abril, y dispone recibir testimonio de ‘Otoniel’”, indicó el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Twitter.

Recordemos que Úsuga David rindió varios testimonio ante la JEP, en el que expuso el rol de la fuerza pública y su relación con el paramilitarismo en el conflicto armado en la región de Urabá. En una de esas diligencias salpicó al general (r) Leonardo Barrero, de tener nexos con el Clan del Golfo.

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