Contraloría ordena rastreo de bienes y cuentas involucrados en caso Mintic
El ente de control vinculó a funcionarios y contratistas y dispuso el rastreo de bienes y cuentas bancarias.
La Contraloría abrió el pasado viernes un proceso de responsabilidad fiscal por $70 mil millones ante el polémico contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, a través del cual se le entregaron precisamente $70 mil millones de anticipo al contratista para que este llevara internet a 7 mil colegios públicos rurales en todo el país.
Sin embargo, Centros Poblados, además de que no habría cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, también entregaría garantías bancarias falsas para respaldar la ejecución del contrato.
El ente de control vinculó en el proceso a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), identificados como Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Así mismo, la pesquisa va dirigida contra las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Paramo Samper; ICM Ingenieros S. A. A., representada por Jeremías Olmedo Cabrera; Intec de la Costa, representada por Hugo Armando Canabal Hoyos; Omega Bulding Constructora S. A. S., representada por Juan Sebastián Vergara Ortega.
También es objeto del proceso Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la unión temporal.
La Contraloría, además, ordenó el rastreo de bienes y cuentas bancarias de todos los investigados.
