17 años deberá pagar policía por muerte de un menor en protesta de 2005
El hecho ocurrió el 1 de mayo cuando Néstor Rodríguez disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó a Nicolás Neira de 15 años.
Un juzgado condenó a 17 años de prisión al policía Néstor Julio Rodríguez por la muerte de un menor de edad al que le disparó durante una protesta en mayo de 2005 en Bogotá, informó este jueves la Fiscalía colombiana.
Rodríguez, agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, le disparó el 1 de mayo de ese año una granada de gas lacrimógeno a Nicolás Neira, de 15 años, "sin orden previa de sus superiores", según detalló la Fiscalía en un comunicado.
"Los peritajes de balística y los dictámenes médico-forenses evidenciaron que desconoció los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos, y lo disparó de forma lineal y directa", agregó la información.
Una de las granadas alcanzó a Neira, quien participaba en las protestas con otras personas en el centro de la ciudad, y falleció cinco días después a causa de un trauma craneoencefálico que le ocasionó el disparo.
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La juez 18 Penal de Conocimiento de Bogotá declaró al policía "responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual" y adicionalmente "le impuso una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena".
El caso de Nicolás Neira es uno de los tantos por los que organizaciones de derechos humanos en el país han pedido a las autoridades una reforma estructural del Esmad, cuyos abusos han motivado múltiples manifestaciones en los últimos años.
La condena por su muerte se conoce después de 16 largos años de pedido de justicia y en momentos en los que Colombia vive agitadas jornadas de protestas en contra del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque.
El Esmad, una de las fuerzas más temidas del Estado para disolver las protestas, es también responsable de la muerte del joven Dilan Cruz, quien murió en 2019 por un proyectil disparado por uno de sus agentes en una protesta pacífica en Bogotá.
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Cruz murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo".
La Corte Suprema de Justicia colombiana dijo en septiembre pasado que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada" y ordenó al Gobierno "adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica".
La Sala de Casación Civil de la Corte también ordenó al Esmad suspender el uso del tipo de escopetas que causó la muerte de Cruz "hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento".
