Vuelve y juega el proyecto de la Fiscalía y el Gobierno para prohibir la casa por cárcel a los corruptos, esta vez con escándalo de 'mico' incluido.

Las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara arrancaron este martes con el primer debate de la iniciativa que propone medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción.

En la sesión de esta semana se aceptaron 13 impedimentos y se nombró una comisión accidental para estudiar las nuevas proposiciones al articulado.

En medio del debate se encendió la controversia por la denuncia del representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, quien aseguró que la iniciativa del ente acusador tiene un 'mico' para beneficiar a los implicados en el Cartel de la Toga, ya que cambia el Artículo 415 del Código Penal, que establece un incremento de las penas para cuando se cometen actos de corrupción en actuaciones “judiciales o administrativas”, quitando del texto lo de "judiciales", con lo que se salvarían del agravante los magistrados de la corruptela.

Sin embargo, el asesor del fiscal general, Majer Nayi Abushihab, aseguró que esto no era así y dijo que lo que se pretende es ampliar la aplicación del aumento de penas para otro tipo de funcionarios y no solo dejarla para los funcionarios judiciales.

Este proyecto anticorrupción se cayó al final de la legislatura pasada en medio de señalamientos mutuos entre la Cámara, el Senado y el Gobierno. Y el asunto de la prohibición de la detención domiciliaria, aunque ha figurado como la bandera del proyecto, en realidad va acompañado por otros 50 artículos.

La iniciativa propone tres bloques de reformas: Las primeras son medidas administrativas asociadas a las inhabilidades para contratar, la contratación directa y la bancarización de recursos públicos. Las segundas corresponden a medidas que hacen más estricto el régimen de cumplimiento de las sanciones penales y que modifican y actualizan el catálogo de tipos penales. Y las terceras plantean reformas procesales para fortalecer la investigación y judicialización de la corrupción.

A principios de agosto pasado, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que se desprendió de la Consulta Anticorrupción y que elimina el beneficio de la casa por cárcel para los corruptos, así como las reclusiones especiales.

La iniciativa, que es distinta a la de la Fiscalía, avanzó así hacia su tercer debate en la Comisión Primera de Senado y, de salir avante de ésta, irá luego a su cuarto y último debate en el pleno de la cámara alta.

Al respecto, el representante de la Alianza Verde, Wilmer Leal, señaló que con esta aprobación se siguen defendiendo los mandatos de la Consulta Anticorrupción, que a pesar de obtener 11 millones de votos no pasó el umbral requerido: "Vamos a estar muy atentos al trámite del proyecto, no permitiremos que se dilate como sucedió en la legislatura anterior".