La defensora del Pueblo, Iris Marín, le dijo a EL HERALDO que los mayores riesgos electorales en el Caribe están en los municipios de Atlántico y Bolívar, y advirtió que en la región hay una presencia predominante del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
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Esto tras la alerta temprana electoral emitida por la entidad del Ministerio Público este martes, en la que indica que hay 62 municipios con llamado a atención inmediata, 162 con llamado a atención urgente y 425 con llamado a acción prioritaria.
¿Cómo está en Caribe en torno a la alerta temprana electoral?
En la macroregión Caribe, que cubre los departamentos de Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, tenemos 135 municipios de los cuales siete tienen un llamado a la acción urgente, es el 5,2%; 81 a la acción prioritaria, es decir el 60% y 47 en observación permanente, que es casi el 35% de los municipios.
Los mayores riesgos o la acción institucional más intensa se requieren especialmente en municipios del Atlántico y de Bolívar.
Nos puede explicar por favor estos matices en que se clasifican estas alertas...
La idea de la alerta es hacer un llamado a la respuesta institucional y priorizar, entonces los lugares donde más prioridad se requiere son los de acción inmediata, no hay ninguno de ellos dentro de la región Caribe; luego sigue la acción urgente, con presencia de grupos, y los riesgos son altos, y luego acción prioritaria que es la intermedia.
Igual hay que monitorear todo el país y no hay que descuidarse en ninguno, solo que hay que priorizar aquellos donde el riesgo es más alto.
En el Caribe vemos una presencia predominante del Clan del Golfo, Ejército Gaitanista de Colombia, en tensión con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra pero también vemos participación e influencia del ELN, de algunas disidencias de las FARC, especialmente de la línea de Calarcá, y de grupos de crimen organizado, especialmente en escenarios urbanos.
¿Qué dice la alerta sobre el tema álgido de la seguridad de los candidatos?
La alerta lo que busca es dar protección y garantías de seguridad, especialmente a candidatos y precandidatos, a toda la población electoral, movimientos y partidos políticos, pero también a la ciudadanía en general, y también a aquellos servidores públicos que tenemos que garantizar la seguridad de las elecciones.
¿Por qué el Gobierno habla solo de 104 municipios en riesgo electoral?
Son metodologías distintas, no conozco el detalle del informe del Ministerio del Interior. El nuestro es un informe que previene violaciones a Derechos Humanos e infracciones al DIH en el marco del contexto electoral, que tiene en cuenta también los riesgos para poblaciones especiales como mujeres, jóvenes, firmantes de paz, entre otros.
Entonces yo creo que igual los 104 municipios de los que habla el informe del Ministerio pueden llegar a coincidir con los de mayor acción institucional requerida según nuestra información. Tendríamos que evaluarlo en nuestras comisiones institucionales.
Elecciones van porque van
La defensora del Pueblo sostuvo, frente al tema álgido de la seguridad de los candidatos, que “la alerta lo que busca es dar protección y garantías de seguridad, especialmente a candidatos y precandidatos, a toda la población electoral, movimientos y partidos políticos, pero también a la ciudadanía en general, y así mismo a aquellos servidores públicos que tenemos que garantizar la seguridad de las elecciones”.
La alerta destaca en este punto la necesidad de medidas diferenciales para proteger a precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias; servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales; defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población Lgbtiq+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz, indica el documento.
El mapa identifica en este sentido posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios de 2026: las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La idea es que el Gobierno pueda fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó Marín en la presentación del reporte.
Las 20 recomendaciones
El documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado.
Al Ministerio del Interior le pide fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
Al Ministerio de Defensa y a los distintos organismos de la fuerza pública los insta a garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
Y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicita implementar de manera urgente y decidida planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
Así mismo, a la Registraduría Nacional del Estad Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) les recomienda la entidad del Ministerio Público asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral para el año entrante.
Y a la Procuraduría General de la Nación, personerías y demás órganos de control del país les recomienda vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos antes, durante y después de las elecciones legislativas y presidenciales de primera y, si es necesario, segunda vuelta de 2026.
El reporte de la MOE
A mediados de agosto pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su propio reporte en el que registraba que entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2025 se habían registrado 208 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en 110 municipios de 28 departamentos del país. De estos, 106 hechos se habían dirigido contra liderazgos políticos.
El mismo informe señalaba que los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Valle del Cauca habían concentrado el 38,46 % de las agresiones, mientras que la violencia letal —asesinatos y atentados— se había focalizado en Cauca, con 16 casos; Valle del Cauca, con 8; y Bolívar, con 7.
En paralelo, la MOE documentaba 1.404 acciones de conflicto (entre acciones armadas y amedrentamientos) perpetradas por grupos armados ilegales: el inicio de año más violento desde 2018. De estas, 1.185 habían correspondido a acciones armadas y 219 a amedrentamientos.
