La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal ha dividido al país y generado intensos debates sobre el funcionamiento de la justicia del país. El proceso por presunta manipulación de testigos culminó con una decisión que ha provocado reacciones encontradas en diferentes sectores de la sociedad.
Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un pronunciamiento en el que destacó la importancia de respetar las decisiones judiciales como pilar fundamental del Estado de derecho. La funcionaria aprovechó la coyuntura para reflexionar sobre el papel de la justicia en momentos de alta polarización política.
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“Hoy el país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente Álvaro Uribe, por eso es una oportunidad de oro para dar paso a la voz de la justicia expresada por la decisión proferida por la jueza Sandra Heredia”, señaló Marín en su intervención.
La defensora del Pueblo expresó especial preocupación por los señalamientos dirigidos contra la magistrada Sandra Heredia, quien emitió el fallo condenatorio. Según Marín, este tipo de ataques representan un grave riesgo para la independencia judicial y podrían escalar hacia formas de violencia contra los operadores de justicia.
“Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho”, enfatizó la funcionaria, quien además advirtió que “no es admisible atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad sin fundamento”.
Marín recordó que Colombia ha enfrentado anteriormente episodios de violencia contra servidores judiciales como consecuencia de señalamientos infundados. “Los señalamientos en contra de jueces pueden llevar a ataques violentos en contra de los servidores judiciales, como ha ocurrido en el pasado”, alertó.
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La defensora del Pueblo subrayó que la independencia judicial no constituye un beneficio personal para los magistrados, sino una garantía institucional que permite que las decisiones se tomen con imparcialidad, libre de presiones externas o intimidaciones de cualquier tipo.
Finalmente, Iris Marín hizo un llamado general a la responsabilidad ciudadana: “Invitamos a todas las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza y a respetar las decisiones de la justicia”.
