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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado en doble vía: a las autoridades capitalinas a no estigmatizar a los pueblos indígenas desplazados en la ciudad y a la comunidad Embera a proteger los derechos de la niñez.

“El Pueblo indígena Emberá es víctima de conflicto armado. El desplazamiento forzado de sus territorios ha llevado a muchos de sus miembros a permanecer en Bogotá. (...) El racismo estructural y el conflicto armado han puesto al pueblo Emberá en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluido el riesgo de exterminio físico y cultural”, indicó la entidad del Ministerio Público.

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En este sentido le advirtió al Distrito de Bogotá que “es indispensable que las autoridades de Bogotá adopten un enfoque de diversidad cultural y antiracista en la atención. (...) Resultan profundamente preocupantes las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá en las que cuestiona si el pueblo Emberá estaría ‘reclutando’ a menores de edad en la Guardia Indígena. Es inaceptable que el funcionario haya formulado una pregunta que asocia a la Guardia Indígena con grupos armados ilegales. La Guardia Indígena es una expresión legítima de los sistemas de gobierno propio reconocida por la Constitución Política de Colombia y respaldada por el derecho internacional”.

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Pero también señala la Defensoría que “el pueblo Emberá y sus autoridades tienen la obligación de proteger el interés superior de la niñez. Su autonomía no les autoriza, bajo ninguna circunstancia a instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes en acciones que los exponen y les impiden el ejercicio de sus derechos, como las que se observaron en los últimos días en Bogotá, por parte de algunos miembros de la comunidad Emberá. (...) Por ello, hemos exhortado a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos de la niñez y, de ser el caso, iniciar el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas que han sido instrumentalizados por algunos miembros de la comunidad Emberá”.