El procurador Gregorio Eljach recordó que las decisiones de la Corte son “la última palabra en controversias jurídicas”.
La entidad expuso que el proceso en marcha se sustenta en la normatividad que quedó vigente tras el fallo.
Los gremios de Atlántico y Bolívar aseguraron que se requiere una decisión del Consejo de Estado para “sepultar” este cobro. Congresistas sostuvieron que se debe fortalecer la visión de un Caribe unido.
El alto tribunal respondió a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el senador Mauricio Gómez y declaró inexequible el artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo por incumplir principio de unidad de materia.
La administración municipal presentó una solicitud ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para revocar la medida cautelar de suspensión del cobro.