El Heraldo
San Andrés

Corte ordenó nuevas medidas para garantizar derechos de los raizales

Minvivienda y la UNRGD deberán, en un plazo menor a 20 días, adecuar las viviendas de la comunidad afectada por el huracán Iota.

Tras las contantes quejas por el estado en el que se encuentra el archipiélago tras el paso del huracán Iota, la Corte Constitucional ordenó un nuevo paquete de medidas para proteger y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que fueron afectadas por el fenómeno natural.

De acuerdo con la entidad, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en un plazo menor de 20 días, deberán identificar las viviendas que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y, posteriormente, realizar las adecuaciones necesarias en las viviendas para que se garantice un sistema de saneamiento básico funcional.

Como segunda medida, el Alto Tribunal ordenó a la UNGRD enviar información completa y detallada sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán, así como los avances del hospital, hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio e infraestructura de acueducto y alcantarillado.

“Está documentado el rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas reconstruidas y la filtración de las aguas negras al ambiente. Así mismo, de manera preliminar, es posible advertir que esta problemática se debe a una falta de diálogo entre las autoridades y la población afectada por el huracán Iota, quienes advirtieron sobre los problemas de una inadecuada reconstrucción de los sistemas de saneamiento”, indicó a Corte en auto de 19 páginas.

Asimismo, la Corte ordena la vinculación de la Agencias de Tierras para que adelante un proceso que reconozca a Providencia y Santa Catalina como propiedad colectiva de la comunidad raizal.

“De esta manera, se busca garantizar un sistema de saneamiento básico funcional, así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente”, indicócó María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. 

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