Alejandro Ordóñez, procurador general.

La Procuraduría General destituyó a funcionarios de esa entidad y del Consejo de Estado por filtrar información de procesos disciplinarios que se adelantan contra político y empleados de La Guajira.

Entre los sancionados, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, se encuentran el auxiliar judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández Trujillo, y el escribiente de la Sección primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas Rojas, a quienes destituyeron e inhabilitaron por 15 y 14 años respectivamente, por haber suministrado información reservada en casos de los diputados de la Guajira y Corpoguajira.

El Ministerio Público también informó que se destituyó e inhabilitó por 13 años a la funcionaria de la Procuraduría General, Esmeralda Muñoz Collazos, por suministrar información reservada de un proceso relacionado con un gobernador de La Guajira, a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. No se identificó el mandatario que fue favorecido con la filtración documental.

En este fallo de primera instancia se sanciona además con suspensión e inhabilidad por 4 meses al secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo, por haber permitido que Fernández Trujillo continuara desempeñando funciones que le facilitaban la comisión de actos contrarios a sus deberes oficiales.

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