A la fecha, van 7 candidatos a las elecciones regionales asesinados. En la Costa Caribe, 122 municipios presentan algún tipo de riesgo. De estos, 15 tienen un nivel extremo.
Para época electoral, municipios remotos de la geografía colombiana empiezan a aparecer en los medios y la foto de los candidatos se publican no solo para acompañar sus propuestas; ya que la cartilla de aspirantes se ‘barajan’ en la prensa con la dosis de plomo que la violencia política les ha asignado.
A 35 días de las elecciones locales, ha habido 22 atentados por violencia política y 7 candidatos han sido asesinados, según la Misión de Observación Electoral, MOE. Versalles, Betania, San Jacinto del Cauca, Suárez, Toledo y Tibú han sido los municipios donde el fusil los ha elegido para la muerte.
Según el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre alerta temprana por el riesgo electoral 2019, 402 municipios y 16 áreas no municipales tienen algún tipo de riesgo.
Este ha sido categorizado de tres maneras: riesgo extremo, alto y medio.
Es extremo, según el informe de la Defensoría, cuando es muy alta la probabilidad de ocurrencia de hechos violentos, a tal punto de que servidores públicos no pueden adelantar con normalidad sus funciones. En el Caribe, es el caso de 11 municipios en Bolívar y 4 en Córdoba.
El riesgo es alto cuando se tienen indicios de una gran probabilidad de hechos violentos en el marco del proceso electoral. Es el caso de 12 municipios en Bolívar, 7 en Sucre, 15 en La Guajira, 1 en Cesar, 8 en Córdoba y 9 municipios en Magdalena.
En tanto, el riesgo medio es el nivel en el que se clasifican a aquellos municipios con indicios de presencia de actores armados que han anunciado ataques o desarrollan determinadas acciones ilegales.Es el caso de 5 municipios en Bolívar, 19 en Sucre, 13 en Cesar, 1 en Córdoba, 13 en Atlántico, 3 en Magdalena y 1 en San Andrés.
El resurgir
La violencia política ha sido una variable histórica en el país. No obstante, tras la firma del Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla más antigua de América Latina, las Farc, los resultados en materia de seguridad electoral habían empezado a cambiar.
De hecho, para las presidenciales 2018, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez se refirió a ellas como las elecciones “más pacíficas en Colombia. No se presentaron acciones terroristas en ninguna zona del país”.
Las elecciones se realizaron en todo el territorio. Tanto que los únicos traslados de mesas de votación que se hicieron, 140, fueron por la emergencia registrada en Hidroituango o factores climáticos. Ninguno por amenazas o ataques.
“Desafortunadamente se está quebrando lo que teníamos de buenos resultados en violencia pre electoral y aquí hemos visto surgir de nuevo la violencia”, indicó el analista en seguridad Jhon Marulanda.
Por su parte, el profesor en comunicación política de la Universidad del Externado Carlos Arias señaló que ante la falta de medidas por el Gobierno Nacional el país “está regresando a épocas pasadas, en las que era la violencia política la que determinaba los procesos democráticos”.
En tanto, el analista en paz y seguridad Jairo Libreros señaló que Colombia dio “dos pasos hacia el pasado y no hay una línea estratégica que permita superar esta situación de crisis de violencia política que se vive hoy”.
La disputa
Arias explicó que a diferencia de elecciones pasadas, la disputa que ha generado la violencia política se debe al control territorial para el poder económico, ante la presencia de grupos al margen de la ley que no tienen asidero ideológico.
En el mismo sentido, Marulanda precisó que el riesgo electoral se presenta, en mayor proporción, en áreas que coinciden con la existencia de disputas ilícitas de control de territorios, de rutas de narcotráfico y de cultivos ilícitos. “Es una violencia totalmente criminal, sin muchos sesgos ideológicos”, añadió.
Otra característica del certamen electoral 2019 es el crecimiento de la participación ciudadana en la política. Los grupos significativos de 810, en 2015, pasaron a ser 1.253, en 2019. Esto y la participación de Farc como partido, según expone la Defensoría del Pueblo, manifiestan una reconfiguración de la política local.
Ante los nuevos liderazgos que buscan sustituir el poder tradicional, las estructurales criminales se ven amenazadas. Y aunque existe un plan normativo desde el Gobierno para garantizar la seguridad, el panorama actual en los territorios es diferente. Así, los candidatos políticos siguen en ‘jaque’ y en riesgo de ser elegidos por la muerte.
Voces desde el Congreso ante la violencia política
Las voces, desde el Congreso, también se han levantado a exigirle al Gobierno protección y garantías electorales. La representante del Partido de La U Martha Villaalba manifestó su preocupación por la situación actual. “Hay permanente confrontación verbal y no hay control en las redes sociales. Todo esto calienta el debate. Hoy ser candidato en muchas zonas del país a corporaciones de elección popular se convierte en una profesión de riesgo”, expresó.
El representante Modesto Aguilera, por su parte, rechazó los actos de violencia. “Solicito al gobierno y a las autoridades que rodee de garantías y seguridad a nuestros aspirantes”, añadió.
En el mismo sentido, el senador conservador Efraín Cepeda hizo un llamado al Gobierno: “Le hemos exigido medidas urgentes, redoblar protección de los candidatos con riesgo y regiones inseguras”.
La senadora Aida Avello, de la lista Decentes, sostuvo que “la estrecha democracia en Colombia se funda en la violencia política de los que están aferrados al poder y no lo quieren perder”.
Así mismo, Carlos Meissel, senador del Centro Democrático, se refirió al terrorismo y a las bandas criminales como los actores que ocasionan la violencia política. “Esta situación es preocupante y dolorosa. Todas las personas que han muerto por buscar un espacio en la democracia duelen por igual”.
El senador del Polo Democrático Iván Cepeda se fue en contra al Gobierno: “No ha tenido una política consecuente, lo suficientemente integral de presencia en los territorios y el resultado es que estamos viendo grupos armados que en vez de ser desplazados por el Estado, están desplazando al Estado”.
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