Ley del Montes | ¿Giro a la izquierda?
En momentos en que la izquierda toma un segundo aire en América Latina, en Colombia el paro nacional terminaría afectando a sus candidatos.
Con la elección de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú, la izquierda democrática logra posicionarse como un protagonista electoral de primer orden en América Latina. A ello se suman el “cuasi” triunfo de Andrés Arauz en Ecuador y los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Alberto Fernández en Argentina y Evo Morales en Bolivia. Es decir, el péndulo electoral se empezó a desplazar hacia la izquierda, después de haber permanecido algún tiempo en el centro o en la derecha.
De los triunfos obtenidos por la izquierda el más reciente y llamativo es el de Pedro Castillo en Perú, quien derrotó en segunda vuelta y por estrecho margen a Keiko Fujimori. Castillo es una mezcla bastante exótica de un político de izquierda, pero con talante conservador, que tiene bastante confundido al sector empresarial que no sabe qué hacer, si irse con sus capitales a otros países o quedarse para librar la batalla por la defensa de su patrimonio. El espejo en que se miran es la Venezuela chavista, muy cercana a los afectos de Castillo.
Pedro Castillo es un líder sindicalista peruano de 51 años, con estudios de Educación y Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo. Entre sus principales banderas están la nacionalización de la economía, la persecución tanto al sector productivo como a la inversión privada y a las concesiones mineras. Esta cartilla –anunciada con bombos y platillos durante la campaña presidencial y ratificada después de declararse ganador de la segunda vuelta– espantó a los inversionistas extranjeros y tiene con los pelos de punta a los industriales y empresarios peruanos.
Pero ese mismo Castillo que propone nacionalizar la economía, así como la recuperación de la explotación de las riquezas minerales que fueron concesionadas a los particulares, se declara conservador a la hora de condenar el aborto y el matrimonio igualitario.
Castillo llega a gobernar un Perú partido en dos partes iguales: una derecha radical en cabeza de Keiko Fujimori y una extrema izquierda que ve en la empresa privada y en el sector productivo el origen de todos sus males. La gobernabilidad de Castillo no será nada fácil. De ahí que haya cifrado su esperanza de transformación política, económica y social del Perú en una Asamblea Constituyente, que le permita materializar todas sus iniciativas.
Al igual que todos los países de América Latina, Perú también ha sido duramente golpeado por la pandemia de coronavirus, hasta el punto de que los indicadores de pobreza subieron 10 puntos y el desempleo está desbocado. La economía atraviesa su peor momento y el inconformismo social se traduce en marchas en las calles, con los jóvenes a la cabeza.
Es la misma fotografía que muestran otros países, como Chile, que también le apostó a una Constituyente como tabla de salvación; o Ecuador, donde el triunfo del candidato de centro derecha Guillermo Lasso le arrebató el triunfo cantado al aspirante de la izquierda Andrés Arauz.
En Brasil el pésimo manejo dado por Jair Bolsonaro a la pandemia de coronavirus y el perdón judicial otorgado a Lula Da Silva hace prever el retorno de la izquierda de nuevo al poder. Lo mismo sucedió en Bolivia con el regreso de Evo Morales, después de haber tenido que abandonar el país por múltiples señalamientos de corrupción y fraude electoral.
De manera que soplan fuertes vientos de futuros gobiernos de izquierda en América Latina y eso incluye –por supuesto– a Colombia, donde el próximo año los colombianos no solo elegiremos al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño, sino a los nuevos congresistas que harán posible o no buena parte de las iniciativas del nuevo gobernante. ¿Cómo está el escenario electoral a un año de elecciones presidenciales y de Congreso?
Dos grandes protagonistas tendrán las elecciones del próximo año: la pandemia de coronavirus y el paro nacional, que amenaza con extenderse por mucho tiempo. A juzgar por las declaraciones de Nelson Alarcón –vocero de Fecode y reconocido directivo de esa organización sindical– “esto es de largo aliento.
Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022”. Es decir, de acuerdo con las palabras del vocero de Fecode, detrás del paro nacional, que ha causado varias muertes y pérdidas multimillonarias, lo que hay es una motivación política con propósitos electorales.
Y ello resulta muy grave, pues evidencia la mezquindad de quienes han utilizado los legítimos reclamos de millones de personas -entre ellos muchos jóvenes, algunos, incluso, asesinados- para obtener logros electorales. Una cosa es luchar por mejorar la calidad de la Educación en el país y otra muy distinta es utilizar la inconformidad social para obtener réditos electorales.
Es evidente que a Alarcón no le interesa la calidad de la Educación -que por cierto es de las peor calificadas de América Latina- sino consolidar aspiraciones políticas, tanto suyas como de sus aliados.
Pero mientras Alarcón promueve sus aspiraciones políticas, millones de menores y adolescentes del país están a la espera de retornar a las clases de forma presencial, algo que no han podido hacer porque Alarcón y sus aliados de Fecode consideran que todavía “no están dadas las condiciones para volver a dictar clases de forma presencial”.
Y no están dadas las condiciones porque -está visto- no es la suerte de los menores y adolescentes la que les interesa, sino “derrotar al Centro Democrático y al uribismo”. Punto.
La famosa “Toma de Bogotá”, anunciada por los organizadores del paro nacional, a la que concurrirían millones de personas, terminó siendo una lánguida manifestación que estuvo muy por debajo de las expectativas. Hubo en cambio muchos actos vandálicos y desórdenes en varios sitios de la ciudad.
La convocatoria fracasó. ¿La razón? Los colombianos se cansaron del bloqueo, el saboteo, el vandalismo y el caos que acompaña cada marcha en las principales ciudades del país. Desde el 28 de abril -cuando comenzó el paro nacional- la parálisis ha arrojado pérdidas por más de 15 billones de pesos.
Decenas de empresas han tenido que cerrar y miles de personas han sido despedidas de sus trabajos. La cifra de muertos no ha podido establecerse con claridad, pero podrían ser más de 30. Nadie ha ganado con el paro.
Los políticos opositores que azuzaron las manifestaciones con el propósito de pescar en río revuelto, terminaron por desmarcarse al ver como millones de colombianos condenan el daño inmenso que las marchas, los bloqueos y el vandalismo le hacen al país.
Quienes aspiran a llegar al Congreso o a la Casa de Nariño montados en el caballito de la inconformidad social y del paro nacional terminaron por entender que los colombianos no le caminan al uso de la violencia para obtener reivindicaciones sociales.
¿Es está la bandera que piensan alzar los candidatos de la izquierda en Colombia para llegar al poder? Si es así, las posibilidades de fracasar son cada día más altas.
Los aspirantes de izquierda a la Presidencia deben condenar sin titubeos los bloqueos en ciudades y carreteras del país. Nada justifica ese tipo de acciones que han llevado a la ruina a miles de colombianos.
El daño causado a la economía nacional por cuenta de los bloqueos resulta incalculable y se viene a sumar al también exorbitante de la pandemia. Ambos tienen al país al borde de la quiebra. Las ventas de las empresas han caído en un 90 por ciento.
Tres de cada cuatro empresarios dicen haber sido impactaras por los bloqueos. Es una verdadera tragedia. La inflación se disparó por cuenta de que los bloqueos impactaron los precios de los alimentos y por consiguiente encareciendo la vida de los colombianos.
Pero contrario a lo que piensan y sostienen los organizadores del paro, los más afectados con los bloqueos no son los más ricos, sino los más pobres, que son quienes deben hacer grandes esfuerzos para comprar los alimentos cada día más caros. El desabastecimiento nacional termina afectando a los más vulnerables.
Esa es la triste realidad. Pese a ello, ni los organizadores del paro, ni los políticos de izquierda condenan abiertamente los bloqueos ilegales tanto en carreteras como en ciudades del país. Y esa cuenta de cobro llegará el próximo año, cuando los colombianos salgan a votar.
Los cálculos optimistas de los candidatos de la izquierda, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, que los llevaron a pensar que podrían capitalizar las marchas y el paro nacional, han terminado por desinflarse.
La solidaridad inicial que el paro despertó en millones de colombianos terminó convirtiéndose en hastío, repudio y rechazo. Una cosa es estar inconforme con la situación actual del país y otra muy distinta es respaldar bloqueos que solo se traducen en más hambre y más desempleo. Punto.
Candidatos como Gustavo Petro, por ejemplo, que en las encuestas que se hicieron hace 40 días, cuando empezó el paro, contaban con un amplio respaldo popular, hoy en día, cuando el impacto de los bloqueos en la economía es monstruoso, han perdido puntos en las encuestas.
El candidato de la Colombia Humana ha sido considerado como uno de los “cerebros” de paro nacional, debido a su cercanía con los promotores del mismo. Contrario a lo que algunos políticos de izquierda aún siguen pensando, estar con los bloqueos es estar contra el pueblo, que es quien paga los platos rotos.
No es por ese camino que la izquierda colombiana accedería al poder, como acaba de ocurrir en Perú, donde un líder sindical, enemigo de la empresa privada y promotor de la nacionalización de la economía tomará las riendas del país.
