Los avances de las investigaciones en el caso de los ‘falsos positivos’ que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado jueves y elevó a 6.402 las víctimas de ese tipo de homicidios entre 2002 y 2008 enfrentó al expresidente Álvaro Uribe y ese tribunal de paz.
Tras conocerse el documento que detallaba las cifras, el exmandatario defendió lo que hizo su administración (2002-2010) para evitar las ejecuciones extrajudiciales y aseguró que privilegió la desmovilización y las capturas sobre las bajas.
Precisamente en el tema de las cifras, Uribe indicó que había 'una discordancia' entre los 2.248 casos que dice la Fiscalía y los números que recién expuso el tribunal especial, pues considera que esa cifra corresponde a informes de organizaciones que tienen sesgo en contra de sus gobiernos.
En varias declaraciones a distintos medios de comunicación, Uribe no dejó claro si acudiría a la JEP para declarar sobre los falsos positivos. 'Es innecesario que yo les responda eso. Ese sería el titular. Yo no estoy interesado en que el titular vaya por ahí, estoy interesado en que el país refresque la memoria y recuerde todos los esfuerzos que se hicieron para que se mejorara en seguridad', dijo el expresidente en declaraciones.
'Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados', señaló Uribe.
El expresidente recordó que entre las acciones para lograr más transparencia en las Fuerzas Armadas en 2008 fueron llamados a calificar servicio tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales implicados en una serie de desapariciones de civiles que fueron asesinados y declarados 'muertos en combate'.
El magistrado
Por su parte, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aclaró que el auto de priorización del caso 03 que habla de 6.402 ejecuciones extrajudiciales no corresponde 'a ningún sesgo contra ningún colombiano o colombiana. Somos un tribunal de verdad', pues las víctimas fueron civiles que 'no participaron en las hostilidades y que se presentaron como guerrilleros dados de baja en combate'.
'Estas ejecuciones extrajudiciales representan una de las mayores atrocidades del conflicto armado colombiano. La responsabilidad de la JEP frente a esto es investigar, juzgar y sancionar', señaló el magistrado.
Cifuentes aclaró que la cifra 'se está poniendo de presente de manera inequívoca y se hace referencia a esas personas que fueron presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional. Esto es de competencia de la JEP y tenemos que dar con los máximos responsables', dijo.
La JEP abrió el caso 03, que corresponde a ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, en julio de 2018 a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General que entonces indicaba que hubo un total de 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’ entre 1988 y 2014; sin embargo, el tribunal reconoció que la cifra anunciada hoy difiere de los datos de instituciones como el ente de investigación y señaló que 'las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas'.
