La consulta popular 2.0 del Gobierno nacional apenas comenzó su trámite y desde ya tendría algunos problemas de legalidad o el texto estaría viciado, según advirtieron algunos congresistas e inclusive exministros.
De acuerdo con algunos sectores, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, quien fue el encargado de radicar el nuevo texto de la consulta popular, se habría extralimitado en sus funciones, por lo que el proceso no tendría validez.
Esto porque la Ley 134 de 1994 determina que “la consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde”.
Además, según el artículo 104 de la Constitución, solo el presidente de la República puede convocar consultas populares, y debe hacerlo con la firma de todos los ministros.
A pesar de que Guillermo Jaramillo, a través del decreto 0506 de 2025, quedó como encargado temporalmente de las funciones presidenciales por el viaje del presidente Gustavo Petro a China y luego a Roma, la normativa no contemplaba poderes preferentes como la facultad de convocar mecanismos de participación ciudadana, lo que abrió el debate sobre la invalidación del trámite de radicación.
De acuerdo con el exministro del Interior, Daniel Palacios, el acto de radicación fue “ilegal”.
“El ministro delegatario no tenía la facultad delegada por parte del Presidente ni la competencia para radicar una consulta popular ante el Congreso de la República. Este acto no solo es ilegal, sino que establece un abuso de función pública y posible prevaricato”, señaló en su cuenta de X.
Así mismo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, anunció que denunciará al ministro de Salud por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones.
“La consulta que radicó hoy Guillermo Jaramillo está viciada. En los decretos que le delegaron funciones presidenciales no aparece el Art. 104 constitucional, que es el que faculta al presidente para “consultar al pueblo”. ¿Se extralimitó o usurpó funciones el ministro? Denunciaremos”, sostuvo.
Por su parte, en declaraciones a La W, el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, advirtió que la radicación del texto podría tener problemas de legalidad no solo porque fue radicado por Jaramillo, sino también porque, según argumenta, no se puede insistir en preguntas que ya estaban planteadas en la anterior consulta y que fueron negadas en la votación de la plenaria del Senado.
“Ya se realizó el camino democrático previsto para eso y fueron denegadas de maneras que ya están fuera de contexto,no puede insistirse en el mismo tema y con los mismos interrogantes porque eso ya estaba decidido”, señaló el extogado.
Añadió que no es constitucional que Jaramillo haya radicado el texto porque el ministro “no fue elegido por el pueblo”, por lo cual, “no puede abrogarse funciones que le corresponden al presidente titular y está simplemente de delegatario que de ninguna manera puede llegar a tomar una posición de esa magnitud que tiene que tener un respaldo democrático”.
