El ‘balón’ de la consulta popular, una iniciativa con la que el Gobierno nacional busca implementar la reforma laboral tras su hundimiento en la Comisión Séptima, está en manos ahora del Senado de la República.
La cámara alta, en donde el Ejecutivo no cuenta con mayorías consolidadas, deberá dar su punto de vista sobre el trámite del proyecto en 30 días. La iniciativa, en este caso, pasa directamente a la plenaria de la corporación, la cual es liderada por el senador conservador Efraín Cepeda, férreo opositor del Gobierno.
Para que la consulta pueda llegar a las urnas, el Gobierno debería sumar una mayoría simple (53). Sin embargo, en la actualidad es complejo anticipar el resultado. El oficialismo tiene 25 votos seguros (Pacto Histórico y Comunes). Además, cuentan con otros respaldos (U, Liberales y Alianza Verde); sin embargo, los apoyos siguen siendo justos. En la oposición, por su parte, 23 legisladores votarían seguro por el no (Centro Democrático y Cambio Radical). Los votos del Conservador, hasta ahora, siguen siendo un enigma.
Más allá de si la consulta tendrá luz verde o no, el senador Cepeda aseguró que el Gobierno no logrará los más de 13 millones de votos para que el proyecto sea de carácter vinculante.
“El presidente está en una campaña muy fuerte porque se acercan las elecciones para el Congreso en marzo y las presidenciales en mayo del 2026, moviendo unas banderas, le da más réditos, en vez de una conciliación. Eso es imposible (sobre votos necesarios). Entonces no va a pasar nada, pero sí nos vamos a gastar $600.000 o $700.00 millones del erario público,que no están, y vamos a incrementar la polarización en el país, en vez de llegar a un consenso sobre el tema”, señaló Cepeda,
Renglón seguido, Cepeda aseguró :“En la reforma a la salud que se hundió, intentamos esa concertación. Era yo presidente del Partido Conservador; Dilia Francisca Toro, presidente del Partido de la U; César Gaviria, presidente del Partido Liberal: Los tres nos sentamos con el Gobierno nacional, incluso con el presidente de la República, la ministra en ese momento, tratamos de concertar esa reforma, nos dábamos la mano en la mesa de conversaciones sobre los consensos en determinados artículos, y en ese consenso el Gobierno se comprometía a enviarnos el nuevo texto de lo acordado, y eso nunca aparecía. ¡Una burla total!, en más de 10 o 12 reuniones”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió este viernes que haya más movilizaciones para apoyar la consulta popular, cuyo texto radicó el primero de mayo ante el Senado.
“Esa decisión popular de salir a las calles cada vez va a ser mayor antes de que el Senado apruebe la convocatoria a la consulta”, dijo Petro en un largo discurso en una entrega de tierras a campesinos en el departamento del Cesar.
El presidente pidió ese día no votar por ningún congresista que se oponga a que el pueblo decida sobre la reforma laboral y aseguró que el Senado, que ya hundió dicha reforma en el trámite legislativo, “tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta”.
“Después de esa marcha (la del primero de mayo) toca organizar otra marcha aún más poderosa, esta vez en el campo y la ciudad. Lo que se impone es un acuerdo nacional.
Yo lo recibo no arrodillado para ver cómo podemos poner el país en los rieles, ya no de una extracción de rentas, llámese cocaína, llámese petróleo o carbón, sino en las riendas de la producción y la productividad. Se llama agricultura e industria. La jornada hay que complementarla con la jornada campesina en las carreteras”, agregó.
‘Petrismo’ continúa presionando al Congreso
El oficialismo ha implementado en las últimas semanas una serie de estrategias para llenar de presión al Senado de la República, que en caso de negar la consulta popular sería blanco de críticas por un bloqueo legislativo. El escenario en mención sería usado por el petrismo para terminar de oficializar la campaña d e cara al 2026.
“Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular. Si se hace la consulta y gana el sí, en el umbral que dice la norma, entonces el Congreso tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta. Si el Congreso no lo hace, el presidente lo hace por decreto. Esa es la norma. Esa es la fuerza del pueblo y la importancia de una decisión popular masiva”, aseguró Petro.
Sin embargo, Diego González, secretario general, negó que el Gobierno pueda llevar a cabo esta acción.
“La Ley 134 establece que, vencido el plazo, el presidente podrá realizarlo por decreto, es decir, vencido el plazo sin que el Congreso se pronuncie. Pero si el Congreso se pronuncia negativamente, quiere decir que no está dando posibilidad a esta oportunidad de consulta popular”, explicó a los medios de comunicación.
