Al iniciarse hoy martes el debate definitivo a la Ley Estatutaria de la Reforma a la Salud por parte de las comisiones primeras de Cámara y Senado, el país alberga con expectativa que esta semana queden cimentados los pilares para la transformación en la prestación de ese derecho fundamental de los colombianos.
Este proyecto que reforma integralmente la estructura del sistema de salud tiene mensaje de urgencia del Gobierno y se constituye en la primera parte de una reforma que debe quedar aprobada como Ley de la República antes del 20 de junio, día en que el Congreso cierra el periodo legislativo.
Como se recordará, la reforma a la salud consta de dos proyectos de ley. El primero consiste en la propuesta de Ley estatutaria, cuyo contenido fue cuidadosamente formulado durante dos años por las agremiaciones médicas y radicado en marzo por el presidente Juan Manuel Santos. Dicha iniciativa busca definir en 14 artículos las reglas de juego para que mediante otras normas de la Ley ordinaria, el Estado garantice el derecho fundamental a la salud y esta no se siga considerando como un negocio.
La segunda propuesta, la Ley Ordinaria 233 de 2013, ha sido presentada por el Gobierno con 67 artículos, e insiste en la creación de un nuevo sistema de salud basado en el modelo de seguro universal, de carácter público, solidario, sin intermediación financiera comercial y con la recuperación de la administración pública de los recursos en forma descentralizada, con amplia participación social y fuerte inspección, vigilancia y control de los recursos y procesos de atención.
Por ser la salud un derecho fundamental se justifica que se dé aprobación primero a la Ley Estatutaria ya que esta es de mayor jerarquía y más apegada a la Constitución que la Ley Ordinaria. No obstante, el contenido final de dicha iniciativa, la cual se espera sea votada a más tardar mañana miércoles por los congresistas, ha generado alguna controversia entre las posiciones que la apoyan y los que se han pronunciado en contra del texto presentado haciendo ver detalles que desvirtúen el espíritu de la reforma.
Entre los aspectos positivos que se han visto del texto final propuesto están el de que especifica que la salud es un derecho fundamental y que como tal es el Estado el responsable de propiciarlo, garantizarlo y facilitarlo por medio de un sistema único, basado en exclusiones, que se financie con recursos económicos recaudados por un fondo único y prestado mediante redes integradas de servicios bajo la modalidad de atención primaria. Dicha iniciativa, tal cual está redactada, elimina la integración vertical, que permitía a las EPS, como entidades gestoras de salud, manejar dineros públicos a través de la creación de centros de salud, estimula la autonomía de los galenos y promueve una cultura sanitaria entre la población. Además crea Salud Mía, como máximo administrador, que manejará una junta directiva en la que tendrán voz los alcaldes y gobernadores del país.
No obstante, un fantasma que ha rondado este debate en el Congreso es el de que dicha Ley Estatutaria buscaría eliminar las tutelas por casos de salud. Quien más ha advertido en tal sentido ha sido el senador Jorge Robledo, al considerar que el texto propuesto está calculado para restringir el uso de este mecanismo judicial por parte de quienes requieren servicios por fuera del POS al crearse un mecanismo para que las decisiones de los médicos puedan objetarse por juntas médicas, complicando el proceso ante los jueces.
Ojalá que, a última hora y debido a los afanes de una aprobación contrarreloj, no sean tergiversados, distorsionados o acomodados a intereses distintos a su esencia los contenidos de la reforma que los gremios médicos redactaron de una manera técnica y que lo que intenta es hacer el tan esperado revolcón estructural en el deplorable sistema de salud actual que pone en riesgo el derecho a la vida de los colombianos.
