El país está inmerso en una de las discusiones más importantes de los últimos años. Por cuenta de una orden de la Corte Constitucional, el Congreso de la República está obligado a legislar sobre el matrimonio igualitario, es decir, entre parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Como en el siglo XIX y en el XX, cuando el país se dividió entre federalistas y centralistas, o entre la educación laica y la religiosa, o entre la separación de Iglesia (católica) y Estado, ahora vuelve a fracturarse en torno al tema del matrimonio homosexual, en el que cada uno define su posición a partir de sus íntimas convicciones, que, todo hay que decirlo, la mayoría de las veces es más un prejuicio que un juicio adecuadamente formado.
Lo primero por lo que abogamos es por un debate no solo civilizado, sino sobre todo, civil. Esto es, hemos de sacar las ideas religiosas de cualquier discusión. No se trata de analizar si es o no pecado casarse con alguien de su mismo sexo. Convengamos en que lo que se define es si una persona que goza de un gusto sexual diferente del de la mayoría, tiene, por ese solo hecho, menos derechos frente a la Constitución y las leyes colombianas.
El homosexualismo no es una virtud. Pero tampoco es un vicio. Es una simple condición humana. Es tanto como ser blanco, negro o mestizo. Es igual que ser gordo o flaco. Alto o bajo. En fin, es simplemente un hecho que de ninguna manera puede convertirse en factor alguno de discriminación.
Quienes desde la óptica religiosa se oponen al matrimonio igualitario con el argumento de la defensa de la familia, se equivocan. Sus tesis son falaces y ahistóricas. Los argumentos no han cambiado desde el siglo XIX y, al parecer, las personas tampoco, pues se trata de los mismos herederos de un conservadurismo anacrónico y de unas ideas liberales que solo se diferencian de las de los primeros por la hora en que asisten a misa, como decían los abuelos.
Que quienes procuramos por esa clase de reconocimientos estamos cavando la tumba del país, que llevamos la sociedad hacia el derrumbe moral y que las familias se acabarán, es lo que decían todos los que se opusieron en 1932 a la aceptación de los derechos plenos de autonomía de la mujer dentro del matrimonio que el liberal Enrique Olaya Herrera plasmó en la Ley 28 de ese año. Y lo mismo dijeron en el 36, cuando otro liberal, Alfonso López Pumarejo, tuvo la valentía de firmar la Ley 45 sobre filiación natural y reconocer como ciudadanos iguales a quienes hasta entonces eran cruelmente discriminados como “bastardos” por ser fruto –decían la Ley y la Iglesia– de “dañado y punible ayuntamiento”. Y son los mismos que no hace mucho, apenas en 1982, también pusieron el grito en el cielo –su cielo– por la Ley 29 que igualó a los hijos en sus derechos herenciales. No fue poca la pelea que debió librar el liberal Julio César Turbay para sacar adelante semejante iniciativa.
Como en esos tiempos, como en estos tiempos, esta clase de proyectos son los que nos obligan a mirarnos como sociedad, a definir qué clase de país queremos ser y qué país pretendemos dejar a las futuras generaciones. Uno, anclado en argumentos oscurantistas del Medioevo que todavía considera un único tipo de persona, sin diversidad, sin dignidad y sin derechos propios. O uno que, como dice nuestra Constitución Política, se funda en “el respeto a la dignidad humana”.
De esa discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la República tendrán que levantarse las columnas de la Colombia del Siglo XXI. Pero para ello es necesario el debate franco, abierto y con argumentos. No es hora de pactos por debajo de la mesa y de marrullerías que lo que buscan es evadir la responsabilidad de los congresistas de legislar sobre un asunto vital para el país. El Congreso es el escenario natural para ocuparse de estos temas.
Este no es un asunto religioso, ni moral, ni político: es de simple dignidad humana. Somos y queremos seguir siendo una democracia. Esta es participativa y en ella cabemos todos: transexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales y asexuales. Reconocer los derechos de las minorías es lo que define a una democracia moderna. Lo otro, imponer las convicciones, prejuicios y temores –religiosos o no- a las minorías puede ser cualquier cosa, pero no es democrático. Y sobre todo no es justo, ni ético, ni moral.
