La reforma del Fuero Militar superó hoy su etapa de trámite en el Congreso y aguarda ahora a ser promulgada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, mientras proliferan las críticas hacia esta nueva justicia castrense que las FARC calificaron como "un terrible paso" a la impunidad.
El último escalón del acto legislativo en el Congreso era ser conciliado por las dos cámaras del Congreso, una tarea que cumplió ayer el Senado y que este viernes concluyó la Cámara de Representantes, ambos con mayoría de las bancadas oficialistas.
Fuentes legislativas informaron a Efe que los 7 votos en contra que hubo en el Senado y los 3 que se registraron en la Cámara de Representantes correspondieron en su mayoría a partidos opositores.
Y es que el Gobierno ha sido el principal impulsor de este polémico acto legislativo por el que la Justicia Penal Militar se hará cargo de las infracciones que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio al violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra.
Estas faltas pueden ser, entre otras, un uso desproporcionado de la fuerza en relación al objetivo militar, un mal diseño de un operativo en una zona en la que se ponga en riesgo a la sociedad civil o un trato inhumano hacia personas que no participan en la contienda.
Mientras tanto, la justicia ordinaria asumirá los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, según la versión final del texto.
El único paso pendiente para que el Fuero Militar ampliado se convierta en Ley de la República es la promulgación presidencial, lo que previsiblemente sucederá antes del fin de la legislatura, previsto para el 20 de diciembre.
Aún así, la subsecretaria de la comisión primera del Senado, Lucena González, explicó a Efe que, una vez hecha la publicación oficial, cualquier ciudadano cuenta con un periodo de un año para denunciar la ley ante la Corte Constitucional, que estaría obligada a abrir una investigación.
Precisamente el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda anunció hoy durante el debate en la Cámara que su grupo "apelará la reforma ante la Corte Constitucional o los organismos internacionales".
En declaraciones a Efe, Cepeda añadió que todavía se está conformando "el equipo de juristas que va a constituir la demanda" basada en "vicios de procedimiento".
Asimismo, el representante del PDA criticó que el fuero desconoce tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia y olvida el "principio de independencia del poder judicial", ya que las fuerzas de seguridad del Estado serían las encargadas de juzgar los crímenes cometidos por miembros de su propio cuerpo.
Organizaciones como Human Rights Watch, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y las víctimas de delitos cometidos por policías y militares han rechazado con firmeza esta nueva Justicia Penal Militar al presumir que conduce hacia la impunidad.
Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sumaron a las voces críticas hoy, antes de iniciar una nueva sesión de negociación con el equipo delegado en La Habana, al condenar "este terrible paso hacia la impunidad" y detectar "los vientos de guerra" que anuncia el Gobierno con esta "decisión calamitosa".
En concreto, las FARC se refirieron al punto más cuestionado del fuero, relacionado con el escándalo de los llamados "falsos positivos", como se conoce a la práctica por la que uniformados asesinaban civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y obtener beneficios económicos y de descanso.
Mientras la ONU cifra estos casos en más de 3.000, la Fiscalía tiene abiertas 1.700 investigaciones que corresponden a ejecuciones extrajudiciales cometidas por aproximadamente 4.000 uniformados. EFE
