La normatividad que define la protección a personas con alto riesgo y vulnerables a ser objetos de asesinatos, debe ser revisada con urgencia, porque se le está retirando la protección a algunas de las víctimas y a los líderes de restitución de tierras, para favorecer a políticos que, según ellos, no la requieren.
Así lo denunciaron representantes de víctimas y líderes en Córdoba, ante el defensor del pueblo, Jorge Otálora, en una reunión en Montería para revisar el tema de las amenazas y los esquemas de seguridad.
La vocería la tomó el secretario de la Fundación por la Reivindicación Socioeconómica de Desplazados, Funpresed, Óscar Emilio Zuluaga, quien insistió que las víctimas que están reclamando tierras y que se haga justicia con el despojo del que fueron objeto en otras décadas, deben tener el mismo tratamiento que alcaldes, gobernadores y congresistas.
'Le pedimos al Gobierno que se le dé un vuelco a la Unidad de Protección, porque le están quitando la protección a las víctimas para proteger a los senadores y políticos, que en algunos casos son ellos mismos los mismos despojadores de tierras', indicó Zuluaga.
Para el caso de Córdoba en los últimos tres meses, a siete representantes de víctimas se les ha minimizado el esquema con el que venían contando.
