El Heraldo
Los 48 crímenes fueron cometidos en 2007.
Colombia

Bajan de 30 a 20 años condena a mayor por 48 ‘falsos positivos’

Clara Martínez, madre de víctima barranquillera, critica decisión.

BOGOTÁ. La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, en decisión de segunda instancia del pasado 11 de marzo, ordenó bajarle, por colaboración, la condena de 30 a 20 años de cárcel al mayor del Ejército Julio César Parga Rivas, quien confesó haber perpetrado 48 ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales en diferentes lugares de Córdoba durante 2007.

En oficial comandaba el Gaula del Ejército en el departamento, unidad que asesinó a 48 personas, a quienes luego presentó como “muertos en combate”, y gastó 87 millones de pesos de los recursos militares para supuestamente pagar “informantes”, pero en realidad era usado ese dinero en los gastos para hacer el montaje de los ‘falsos positivos’.

Cuatro por semana

Parga, por su aparente operatividad, era considerado uno de los mejores hombres del Ejército: cada semana “daba de baja” a cuatro y cinco personas que tenían el común denominador de ser campesinos pobres a quienes los uniformados les ofrecían “trabajos” que, por supuesto, no existían.

Al militar lo descubrió la Fiscalía porque en los exámenes forenses se establecía que las víctimas nunca habían disparado y que la trayectoria de las balas no coincidían con  las declaraciones de los uniformados. El ente investigador determinó entonces que los muertos eran, en realidad, personas desplazadas, desmovilizadas, vendedores, habitantes de la calle y hasta foráneos que llegaban a Montería desde Medellín o Popayán.

Ahí fue cuando el mayor se decidió a confesar que él firmaba las falsas operaciones.

Sentencia anticipada. Este fallo de hace tres semanas confirma parcialmente el de primera instancia proferido por el Juzgado Penal del Circuito Adjunto de Montería el 30 de julio de 2013, luego de que el alto militar se acogiera a sentencia anticipada. Parga fue condenado a 60 años pero por su confesión, se le redujo esa pena a la mitad, por lo que su sentencia había quedado en 30 años.

Los delitos que cometió fueron homicidio agravado, favorecimiento de homicidio, peculado por apropiación, falsedad en documento público y concierto para delinquir agravado.

“Así no logramos la paz”. Clara Martínez es una confeccionista barranquillera de 61 años que tiene que mudarse a cada momento debido a las amenazas que recibe de personas que le asesinaron a su único hijo varón, Jean Alexánder Palma.

Considera que la rebaja de la pena a Parga es un hecho “muy grave porque entonces por ‘buen comportamiento’  se le va bajando la pena y entonces no va pagar 20 años sino que terminará pagando cinco”.

Cree que con estas decisiones judiciales “atropellan a las víctimas” y aunque, manifiestaque “ni condenándolo a la muerte” puede pagar  lo que hizo, pide a los jueces que hagan justicia. Así nunca vamos a lograr la paz porque introducen la violencia en los corazones de las víctimas”.

A Jean, vigilante de 32 años y desempleado, lo llamaron en enero de 2007 para decirle que lo iban a contratar para que sirviera de guardaespaldas en Montería.

Clara le dijo a su hijo entonces “que no se fuera, porque me parecía una locura, pero él estaba desesperado”.

Le dieron dos millones de pesos como “adelanto para que se pusiera elegante”, sin saber que partía rumbo a su muerte.

Allí comenzó el viacrucis de una madre tras su hijo: “comencé a buscarlo, puse una denuncia por desaparición, viajé a Montería, Sahagún, Riohacha, Maicao. Con ayuda de mis compañeros hacía los viajes. Yo lo hubiera recogido muerto, del suelo, donde estuviera”.

Arturo Mojica, representante de víctimas.

Otros implicados, libres

El 2 de febrero de 2007 asesinaron a Palma en Montería. Varios días después sus familiares recibieron una llamada donde les advertían que estaba muerto y que no lo buscaran. Pero no fue así. Dos años después, Clara encontró a Jean Alexánder y le dijeron que lo habían abatido en un combate con el Ejército en el corregimiento Las Mulas, jurisdicción de Caimito, Sucre.

Por estos hechos se inició una investigación por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá que arrojó que existía responsabilidad de varios miembros del Ejército, entre ellos Parga Rivas.

El mayor había sido extraditado en 2008 a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, pero en 2010 regresó deportado. Ahora está preso en la cárcel La Picota.

Los otros militares implicados están en medio de un proceso penal ante el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, pero el 2 de octubre de 2014 quedaron en libertad por vencimiento de términos.

Jean Alexánder Palma,  víctima.

“Muertos en combate”

El director de la Corporación Colectivo de Abogados ‘Opción Jurídica’, el barranquillero Arturo Mojica, representante de las víctimas, considera que había un modus operandi claro en estos casos por parte de los uniformados involucrados:

“Las víctimas eran presentadas como muertos en combate, se alteraba la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones se pretendía que la Justicia Penal Militar fuera la que asumiera las investigaciones”.

Explicó además que existían redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como muertos en combate.

“Esas mismas redes, en las que también se encontrarían vinculados miembros del Ejército Nacional, eran las encargadas de denunciar a las personas asesinadas como miembros de grupos armados ilegales, y las personas víctimas eran presentadas como N.N., aún cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad, lo cual dificultaba su identificación y el inicio de una investigación por su desaparición y homicidio”, concluyó.

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