Desde hace cinco días el paro armado continúa sembrando el terror en los territorios de la región Caribe, donde la dificultad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas de conflicto ha dado paso a que el Clan del Golfo imponga su ley.
La situación es tan delicada que la fuerza pública, en las vías que atraviesan esas poblaciones, está escoltando a caravanas de vehículos para evitar que sean incinerados o tiroteados por esa banda dedicada al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.
Y es que esas regiones, ubicadas en Antioquia, sur de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y Bajo Cauca, suponen el mayor bastión de ese grupo armado organizado y las acciones terroristas (más de 170 en los últimos cinco días) se desataron desde que su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado el pasado miércoles a EE. UU.
Diversos organismos como la Defensoría, la ONU, OEA y HRW han advertido que los grupos armados han restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías o a quienes salgan de sus hogares en horarios no permitidos.
Pese a la ofensiva anunciada por las autoridades, que ya dejan 92 capturados, el fin de estas acciones no se contemplan en el escenario próximo, pues, las arremetidas se han ido exacerbando como una contra respuesta.
La noche del sábado el presidente Iván Duque anunció la creación de un bloque de búsqueda especializado, el despliegue de 52 mil efectivos de la fuerza pública y recompensa de $5 mil millones por ‘Siopas’ y ‘Chiquito Malo’, con la intención de que 'el Clan del Golfo caiga por completo'.
