La Fiscalía General de la Nación confirmó que luego de una investigación de más de dos años y un operativo que contó con el apoyo del Ejército, se logró la incautación de varios bienes de las Farc avaluados en 20 mil millones de pesos.
Los bienes ocupados por la Fiscalía y el Ejército en la denominada Operación Faro, están ubicados en el en el departamento del Caquetá (sur), señaló el ente acusador en un comunicado.
Esta es la primera fase de un operativo mediante el que se pretende recuperar 132 hectáreas adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y actividades terroristas.
Inicialmente, se trata de siete predios con una extensión de 4.500 hectáreas, de los que hacen parte la llamada casa Marulanda, en la que vivió el comandante alias Manuel Marulanda Vélez, y la finca que ocuparon durante la época de la zona de distensión los cabecillas del grupo rebelde que respondían a los alias de Mono Jojoy (muerto en un bombardeo en 2010), Raúl Reyes, Alfonso Cano y Tirofijo.
Así mismo, la fuente explicó que la Fiscalía allanó fincas en las que se entrenaban los guerrilleros y que eran usadas para mantener a personas secuestradas.
En este operativo los investigadores encontraron que las fincas están a nombre de testaferros que son campesinos que viven en condiciones precarias y a los que se les paga entre 50 y 100 mil pesos mensuales por su administración.
Igualmente, la Fiscalía logró establecer que la adquisición de dichos bienes por parte de los insurgentes se dio bajo el método de presión para que sus verdaderos propietarios vendieran a precios irrisorios.
'Estos predios formaban parte de los terrenos que la guerrilla de las Farc se apropió a través de compras simuladas a precios irrisorios de los dueños originales, los cuales fueron forzados a vender', señaló la Fiscalía.
La Fiscalía reveló que la información base para la implementación de esta investigación fue obtenida de los computadores que el Ejército ha incautado en los operativos en los que han muerto los comandantes guerrilleros.
En febrero de 2013, el Gobierno afirmó haber recuperado 130.000 hectáreas que supuestamente habían sido usurpadas por el Mono Jojoy en San Vicente del Caguán, mientras la guerrilla acusó al Ejecutivo de mentir sobre la propiedad de las tierras.
Los bienes incautados por la Fiscalía General de la Nación pasaron para su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes y no se descarta que hagan parte del inventario para reparar a las víctimas del conflicto armado, según informó el ente acusador en su comunicado.
