El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela confirmó a través de un comunicado, el 16 de mayo, la “deportación” del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, reconocido empresario barranquillero, quien fue funcionario del gobierno venezolano, además amigo personal del presidente depuesto de ese país.
Tras su deportación el pasado sábado, Saab se presentó el lunes 18 de mayo en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero.
Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de activos y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.
Cabe recordar que el empresario colombiano, quien llegó a la Corte vestido con un overol marrón, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.
La reciente acusación, también difundida por el Departamento de Justicia de EE. UU., señala que, entre octubre de 2015 y enero de 2026, Saab y otras personas también acusadas —a quienes no menciona— presuntamente participaron en un esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno de Venezuela.
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“Los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios públicos de Venezuela y fueron recompensados por el Gobierno de Venezuela con lucrativos contratos del CLAP para importar alimentos con falsas intenciones”, señala el documento.
El Departamento de Justicia indica además: “En vez de cumplir con esos contratos, los conspiradores usaron compañías falsas, facturas falsas, registros de embarque falsos y otros documentos fraudulentos, así como sobornos y contragolpes, para obtener cientos de millones de dólares para ellos que debían ser empleados para comprar comida para venezolanos necesitados. Algunas de esas ganancias ilegales fueron gastadas u ocultadas de las autoridades a través de transferencias de bienes ilícitos hacia y por medio de cuentas en Estados Unidos”.
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Información difundida por CNN señala además que desde 2019, cuando se intensificaron las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, los acusados usaron su influencia en el Gobierno venezolano para tener acceso al petróleo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), venderlo y conseguir ganancias.
De acuerdo con la acusación, Saab y otras personas presuntamente realizaron estas actividades ilícitas en los condados de Palm Beach, Miami Dade y Broward.
