El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), quien permanece en prisión, será candidato en las elecciones de 2026 para el Senado, anunció en redes sociales la agrupación izquierdista con la que se postulará, Juntos por el Perú (JP), cuyo candidato a la presidencia es Roberto Sánchez Palomino, quien fue su exministro y actualmente es congresista.
Además, el exmandatario confirmó este jueves en la red social X, que no maneja él directamente por estar encarcelado en Barbadillo, la prisión para expresidentes de Perú, mientras sigue el juicio por su fallido golpe de Estado, que ha denunciado penalmente a 100 congresistas y a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por haberle destituido de forma “ilegal” tras su fallido intento de golpe de Estado.
La cuenta oficial del partido Juntos por el Perú anunció en Facebook la candidatura de Castillo como número 1 para la lista del Senado, quien hasta el momento no cuenta con una inhabilitación para ejercer la función pública por parte del Congreso ni de la Justicia.
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Pero el expresidente cumple prisión preventiva tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, caso por el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel por el delito de rebelión, conspiración y abusos de poder, entre otros.
El congresista Roberto Sánchez confirmó al diario La República la postulación del exmandatario y aseguró que la candidatura de Castillo “representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos”.
Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante los dieciséis meses del Gobierno de Castillo y fue elegido congresista en los comicios de 2021 con el partido Juntos por el Perú que él mismo lidera.
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Denuncia contra congresistas
Medios locales adelantaron la noche del miércoles que Castillo ha vuelto a presentar una denuncia penal contra un centenar de legisladores por haber sido destituido en diciembre de 2022 con menos votos que los reglamentarios.
Castillo ya había presentado una denuncia similar en 2023 ante la Fiscalía de la Nación, que fue archivada por falta de pruebas, pero su abogado Javier Adrianzén introdujo ahora el argumento de la insuficiencia de votos para aprobar su destitución exprés.
“He presentado una denuncia penal contra 100 congresistas que votaron por mi vacancia ilegal y contra Dina Boluarte, quien aceptó un cargo de manera inconstitucional el 7 de diciembre de 2022. La verdad es concreta: el Congreso no siguió el trámite de Ley ni alcanzó los votos que exige su propio reglamento”, indicó el exmandatario.
Agregó que para su destitución exprés se necesitaban 104 votos, pero solo obtuvieron 101, cuando efectivamente la Constitución indica que para cesar a un presidente se necesitan los votos equivalentes a las cuatro quintas partes del número legal de congresistas, como lo fue el pasado 9 de octubre con la destitución de Boluarte.
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“No solo violaron la ley, también pisotearon el voto de millones de peruanos. Desde mi injusta prisión, no me rindo ni me callo. Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el indígena, el obrero, el estudiante, el hombre y la mujer del pueblo que siguen resistiendo frente al abuso y la mentira”, señaló el expresidente.
Además, la denuncia señala que a Castillo se le vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso porque no tuvo un abogado particular o de oficio durante el trámite de vacancia (destitución presidencial) el día 7 de diciembre de 2022 en el pleno del Congreso.
Castillo puede quedar inhabilitado para ser candidato si es condenado en las próximas semanas por el juicio del frustrado golpe de Estado, o si directamente lo inhabilita el Congreso en una votación que está pendiente en el pleno.
