Un desacuerdo entre los jueces de control de garantías y la Fiscalía ha generado el acto administrativo emitido por el coordinador del Centro de Servicios Judiciales, el juez Édgar Bonilla Polo, quien dispuso que las solicitudes de audiencias de búsqueda selectiva en base de datos sean programadas.
De acuerdo con el acto administrativo, las diligencias se realizarán 'días hábiles', es decir, de lunes a viernes dentro de los horarios de disponibilidad de acuerdo a la programación del Centro de Servicios. 'Por lo tanto no se recibirán, tramitarán o realizarán los fines de semana ni días festivos'.
El documento, fechado el 27 de octubre pasado, exige también que las solicitudes de audiencias para pedir órdenes de captura se recibirán y realizarán de lunes a viernes, en horarios de 7 a 11 a.m. y de 2 a 5 de la tarde.
La medida fue adoptada, según Bonilla, debido a que 'solo hay 15 jueces de control de garantías en Barranquilla': siete para la jornada de la mañana y siete para la tarde, además de un juez para casos de bandas criminales (Bacrim).
Esos 15 despachos tienen disponibles, además, cinco salas de audiencias. De estos, tres presentan fallas con el aire acondicionado o con el sonido.
'Hemos solicitado que se incremente el número de jueces de control de garantías, al igual que el número de salas. Ha sido un problema desde que surgió el sistema penal acusatorio y hasta ahora no hay resultados; la Fiscalía está apuntando a quien no debe', declaró ayer el juez Bonilla.
JUECES NO DAN ABASTO
Las estadísticas del Centro de Servicios indican que de lunes a viernes se programan, en promedio diario, 30 audiencias en la mañana y 30 en la tarde para ser atendidas por jueces de garantías.
En la mayoría se tratan entregas de vehículos, imputaciones de cargos y solicitudes de órdenes de libertad.
Sin contar el promedio de 20 diligencias diarias que solicitan fiscales de la URI. Se trata de casos que no permiten espera, puesto que los capturados en flagrancia deben presentarse antes de las 36 horas de la detención ante un juez. De lo contrario, quedan libres.
A lo anterior se suma, advierte Bonilla, que los fines de semana trabajan tres jueces de control de garantías, quienes tienen derecho a un día compensatorio. 'De tal forma que cuando llega lunes, martes o miércoles, están en compensatorio y ya son tres jueces menos'.
De otras ciudades
Otro de los motivos del acto administrativo expedido por Bonilla son las órdenes de capturas expedidas por jueces de Santa Marta, Cartagena, Valledupar y La Guajira: están siendo tramitadas audiencias en Barranquilla para que sean legalizadas.
'Están viniendo los fines de semana y festivos, cuando solo trabajan tres jueces de control de garantías para atender a tres fiscales de la URI con detenidos, y, si uno de esos tres jueces se ocupa, ¿entonces quién atiende a los presos de la URI?', cuestionó el coordinador.
FISCALÍA SE QUEJA
Para Wilder Guerra Millán, director seccional de Fiscalías de Barranquilla, el acto administrativo afecta los plazos de sus investigaciones.
El funcionario manifestó que la Ley 906 de 2004 o Sistema penal oral acusatorio (Spoa), establece a la Fiscalía trabajar las 24 horas.
Por eso existen las Unidades de Reacción Inmediata (URI), al igual que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín cumplen con turnos para que haya personal en todo momento.
'Se están programando audiencias para el año entrante y las de actos investigativos, una vez que el fiscal expide una orden de esa naturaleza, tiene 36 horas para acudir ante un juez de control de garantías', dijo.
Guerra agregó que igual sucede con las órdenes de captura, para lo cual se requiere ir a una audiencia para que el juez de garantías la profiera por delitos que ameritan una medida de aseguramiento.
'Mientras no programan una orden de captura, la persona que ha atentado contra un derecho puede escaparse de la acción de la justicia, lo cual nos ocasiona demoras en todos los trámites, especialmente en los actos investigativos', aseveró.
JUDICATURA NO SABÍA
Claudia Expósito Vélez, presidenta de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, dijo que solo hasta ayer en la mañana conoció del acto administrativo expedido por Bonilla.
Por eso, la magistrada envió un oficio al coordinador para que rinda un informe, debido a que en la medida no se menciona en la parte resolutiva que se le comunique a la sala.
'Formalmente no hemos tenido conocimiento de la medida, informalmente la conocimos y con base en esa información solicitamos un informe, el cual a la fecha no ha llegado', manifestó por teléfono.
Expósito considera, sin embargo, que no hay peligro de que se vayan a escapar los presos por tratarse de audiencias programadas, no de actos urgentes.
Carlos Guzmán herrera, director seccional de la Administración de Justicia, informó que se está a la espera de la firma de un contrato para el mantenimiento no solo de algunas áreas del Centro de Servicios Judiciales, sino también del Centro Cívico y el Tribunal Superior.
El funcionario sostuvo, no obstante, que la sala 4 es la única con problemas de sonido y que ayer mismo estarían arreglados. Atribuyó demoras a que 'muchas veces' no es notificado sobre los problemas de logística.
'Si no me informan que tienen un problema, no puedo solucionarlo; en este negocio una queja es un favor', concluyó.
