Editorial

Un fallo que requiere decisión política

Colombia debe cesar su conducta en aguas nicaragüenses, tras comprobarse que violó los derechos de soberanía y la jurisdicción de ese país. Duro regaño de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que también pidió a las partes buscar acuerdos bilaterales. Un paso que requiere decisión política.

Colombia la sacó barata tras el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que consideró válidas las denuncias de Nicaragua sobre violación por parte de nuestro país de su “soberanía y jurisdicción” en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE). Se trata de otro capítulo en el dilatado diferendo limítrofe que las dos naciones sostienen desde hace más de 20 años y frente al cual el tribunal de la ONU ya había emitido sentencia en 2012. En esa ocasión, mantuvimos nuestra soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los siete cayos del departamento insular y las 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdimos el control de 75 mil kilómetros cuadrados de la zona marítima en disputa. 

Ahora, los jueces, en una decisión definitiva y vinculante, ordenan al Gobierno de Colombia “cesar de forma inmediata” su conducta por “autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses e interferir con labores de investigación científica marina y pesquera y con operaciones navales de las embarcaciones con bandera o licencia” de ese país. Si bien es cierto que la Corte no censuró la totalidad de los 51 reclamos formulados por el régimen del cuestionado Daniel Ortega, en los 16 casos que sí lo hizo encontró pruebas suficientes de que la Armada colombiana había violado normas del derecho internacional. Además, puntualizó que es Managua, y no Bogotá, la responsable de asegurar la conservación ambiental y desarrollo sostenible del área. 

Categórico jalón de orejas que, afortunadamente, no derivó en una condena ni en el pago de una indemnización, como pretendía el querellante. Tampoco en la suspensión de las operaciones de patrullaje de la Armada que mantiene “libertad de navegación y presencia en la zona”, con lo que podrá seguir cumpliendo sus labores de lucha contra el narcotráfico, el contrabando y otras delitos transnacionales. Por consiguiente, se vale declararse satisfecho, como lo ha hecho el agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, porque indudablemente el fallo pudo ser absolutamente desfavorable a nuestros intereses. Pero resulta exagerado e incluso contraproducente cantar victoria, así sea parcial, en un caso en el que, sin duda alguna, salimos regañados.  

La Corte fue enfática en su posición. Colombia violó derechos de Nicaragua al omitir la delimitación fijada en la sentencia de 2012 (reafirmada en este nuevo pronunciamiento), lo cual no se puede pasar por alto porque corremos el riesgo de ser catalogados como un país que no honra sus compromisos internacionales. En este sentido, los jueces asignan tareas para ambas naciones. Una de ellas es redefinir decretos que –argumentan– “no se ajustan al derecho internacional” o son “contrarios a él”, relacionados con la extensión de la “zona contigua integral”, en el caso de Colombia, y en el de Nicaragua, por los puntos y líneas a partir de los cuales miden su espacios marítimos para “adjudicarse de forma unilateral áreas en detrimento” de nuestro país. En otras palabras, deben ajustar sus normas para no intentar ‘brincarse’ al otro, como efectivamente estaba sucediendo. 

Para destacar, la Corte mantiene la integralidad del archipiélago y por primera vez reconoce a la comunidad raizal, principal afectada por sus determinaciones y sobre todo por la incapacidad de los gobiernos de Colombia y Nicaragua para negociar un tratado o alcanzar un consenso político sobre sus históricos derechos de pesca, debido a que los bancos donde lo hacían tradicionalmente quedaron por fuera de las 12 millas náuticas delimitadas en la anterior sentencia. Una vez más el tribunal de la ONU pide a las partes acuerdos bilaterales para superar esta dificultad. Sin embargo, los primeros indicios son contrarios a ello. Tras el fallo, el presidente Iván Duque descartó un diálogo con la dictadura de Ortega, que sin duda lo es. Un régimen oprobioso que nos ha tirado la puerta del diálogo en la cara. No una, sino varias veces. Pero conviene insistir en que la defensa de nuestra soberanía sobre el archipiélago y, en especial, de los derechos de su población requiere determinaciones políticas de enorme calado para tratar de tender necesarios puentes de entendimiento a través de la vía diplomática. Como Venezuela, Nicaragua es un país fronterizo, al que no podemos graduar indefinidamente de enemigo.

 

 

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