Últimamente, casi todo lo que rodea al aeropuerto Ernesto Cortissoz se asemeja a una pesadilla. No solo porque, debido a sus visibles incomodidades, más parece la terminal aérea de un destino lóbrego que convida a nunca ser visitado o a no volver a él, también porque cada vez que reporta una nueva dificultad queda la sensación de que no logrará dejarla atrás. Por consiguiente, habrá que lidiar, quién sabe por cuánto tiempo más, con un remedo de aeródromo situado lejos de las expectativas de habitantes, autoridades y gremios de Barranquilla y el resto del Atlántico. Situación insostenible con ribetes de profunda crisis económica que vuelve a poner el foco en la demora para identificar lo que era evidente y en la ausencia de fórmulas para solventar el entuerto. Al final, la apuesta empresarial y turística del departamento es la que corre riesgo.

El más reciente episodio de esta historia de contratiempos e infortunios, iniciada tras la adjudicación del contrato de concesión al Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) en marzo de 2015 por $610 mil millones, la protagonizan el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el mismo operador. Sin titubear, Reyes, confirmó que no hubo conciliación, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional para resolver la controversia arbitral vigente desde septiembre de 2021, cuando el concesionario demandó a la Nación. Sus palabras, pronunciadas ante el alcalde Jaime Pumarejo, se recibieron como un baldado de agua fría. Enseguida, detalló cómo el GAC había rechazado abiertamente la oferta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que la Aeronáutica Civil financiara las obras de modernización que faltan. Y con suficiencia, aseguró que el operador quedaba a la espera de la inminente decisión del Tribunal de Arbitramento.  

Su contundente declaración, eso sí, no ofreció claridad alguna sobre el incierto futuro del proyecto que se encuentra en un avance de 63,97 % del total de intervenciones contempladas hasta 2035. Para el Ejecutivo, o eso fue lo que se le entendió al ministro, queda claro que el operador cerró cualquier vía de diálogo y entendimiento. Desalentador asunto que, increíblemente, se enredó todavía más. En cuestión de horas, las caras largas por el anuncio del ministro se transformaron en muecas de desconcierto tras la reacción del Grupo Aeroportuario del Caribe. Literal. En un comunicado, desmintió a Reyes, aclaró que luego de tres reuniones con asistencia de la Procuraduría General, entre septiembre y diciembre de 2022 en las que entregaron sus propuestas -la última hace 23 días- están a la espera de una respuesta formal de la ANI y, además, señaló que conserva intacta su disposición de buscar soluciones. 

Este impasse, inesperado en medio de un cronograma definido entre las partes que buscan una conciliación, abre demasiados interrogantes. ¿A quién creerle: se precipitó el ministro Reyes, le entregaron información que no era precisa o él la interpretó de manera errónea? ¿Si la ANI no está de acuerdo con las propuestas del operador, era una rueda de prensa en Barranquilla el escenario para dar por finalizado este proceso de diálogos? Así que por dónde empezar a soltar esta madeja que suma una nueva complicación a la larga sucesión de malentendidos en un asunto de importancia estratégica. Algo no funciona en este diálogo que más parece un teléfono roto y en el que una de las partes falta a la verdad o confunde la realidad. En ambos casos, el cortocircuito entre los llamados a entenderse por el bien de toda una región resulta de la mayor gravedad porque podría llevarnos a un callejón sin salida que no se puede tolerar. El 26 de enero será la audiencia de conciliación en el Tribunal. Ese día o, incluso antes se sabrá si la disonancia se supera o agudiza aún más, fracturando las opciones de concertar una solución. Aún se podrían acercar caminos para evitar lo peor, actuando con rapidez. Todo esfuerzo cuenta, que nadie se quede por fuera, esgrima excusas, se decante por intereses mezquinos o decida no hablar con la verdad.