El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los hechos violentos acontecidos en el paro nacional documenta inaceptables excesos de la fuerza pública, en particular de la Policía, muchos de los cuales ya están siendo investigados por los entes de control. El reporte, sustentado en centenares de entrevistas, reuniones con víctimas, testigos y representantes de instituciones oficiales, análisis forenses de videos e imágenes y observaciones de la propia ONU en sus misiones de verificación, identifica “graves violaciones a los derechos humanos”. 

Detrás de los abusos “incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos” que habrían cometido agentes del Estado entre el 28 de abril y el 31 de julio, aparece un mismo hilo conductor: el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. O lo que es lo mismo, la intolerable brutalidad policial de quienes, con su accionar violento, desacreditan la labor de miles de mujeres y hombres honestos y comprometidos, integrantes de este cuerpo armado de naturaleza civil. Deben ser sancionados. 

Luego de contrastar las denuncias recibidas, la ONU considera que existen “razones fundadas” para sostener la ocurrencia de “violaciones a la integridad y seguridad personal, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo” durante las protestas. Lo peor, sin duda, la muerte de 46 personas, de las cuales 44 eran civiles y dos policías; el 76 % fallecidas por heridas de bala. En 28 casos, los presuntos perpetradores habrían sido policías; en otros 10, la responsabilidad recaería en actores no estatales frente a quienes las autoridades no actuaron con “la debida diligencia” para defender a los manifestantes. No es posible atribuir autoría sobre las víctimas restantes. 

En el doloroso listado de muertos aparecen jóvenes entre 17 y 26 años, residentes en barrios pobres y periféricos, provenientes de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, varios de ellos sin empleo formal ni estudios. Protestaban de manera pacífica, insiste la ONU, para expresar su descontento por la falta de oportunidades. Otros ni siquiera eran manifestantes, apenas testigos o pasaban por allí. Todos encontraron la muerte en medio de las movilizaciones. ¡Terrible!

En la otra orilla, el informe también reconoce “graves acciones de violencia contra la fuerza pública, incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados”. Además de “situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos”. Ciertamente, el cataclismo social –producto de la frustración por la inestabilidad económica agravada por la pandemia– y de la indignación –consecuencia de la fallida reforma tributaria– desencadenó una crisis sin precedentes que movilizó al Gobierno nacional para dar respuesta a las legítimas demandas de distintos sectores, en especial los jóvenes. Gracias a esta dinámica se pudo avanzar en asuntos clave.

También, en aras de la paz social, se hace necesario impulsar otras reformas no menos importantes. Entre ellas las que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del Estado en derechos humanos. Sobre todo en el contexto de movilizaciones pacíficas en las que autoridades e integrantes de la fuerza pública están llamados a priorizar el diálogo, agotando los medios no violentos, en vez de recurrir a formas de represión. 

Reforzar los “métodos de gestión democrática” de la protesta es lo mínimo a lo que debería aspirar un país tan lacerado por su historia inconclusa de violencia e inequidad, como el nuestro. Esto, sin embargo, no se logra de la noche a la mañana. Es esencial construir confianza y generar espacios de diálogo. Estigmatizar a los manifestantes de manera individual o colectiva o a la Policía no contribuye en el propósito de desescalar conflictos. Reparar integralmente a las víctimas, en cambio, es una vía para sanar heridas. Basta ya de hacernos tanto daño: precisamos moderación, respeto y tolerancia para progresar.

Valdría la pena que el Gobierno, las instituciones y la sociedad en su conjunto asuman con sentido de autocrítica el informe de la ONU en vez de satanizarlo. Si bien es cierto que las investigaciones de la Fiscalía, por ejemplo, se encuentran aún en curso, en varios procesos se ha demostrado la responsabilidad de policías en los crímenes. Ninguno de ellos debe quedar en la impunidad. La transformación de fondo de la institución, a partir de la reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley para su reforma, podría ser un buen punto de partida para que nunca más se repitan los abusos que derivaron en un reguero de sangre que jamás debió ocurrir y del que aún demasiadas familias no se sobreponen.