Internet, la última gran revolución tecnológica, cambió al mundo. Como nunca antes la información, desde la travesura de un gato doméstico en un espacio privado hasta el estallido de una guerra, se difunde en segundos a una audiencia global que supera los 3.500 millones de personas.

Esto no solo ha extendido la generación de noticias, que antes se elaboraban solo en los grandes medios de comunicación, sino que los receptores pasivos, incapaces de reaccionar e interactuar, prácticamente han desaparecido. Hoy todos somos productores y receptores de información, multiplicadores, fiscalizadores, interlocutores, comentaristas, reporteros, influenciadores.

Sin embargo, las múltiples bondades de esta herramienta –sin la cual no sería viable el mundo contemporáneo– no logran ocultar los peligros derivados de su uso irresponsable. Las redes sociales son depositarias de lo mejor y de lo peor de nuestra naturaleza: desde sus espacios se exaltan los más nobles valores y las más perversas causas, lo grotesco y lo sublime conviven en medio de una frenética actividad global que no se detiene jamás.

La discusión acerca del control sobre los contenidos de Internet no acaba. Por un lado se esgrimen argumentos a favor del derecho de los usuarios a hacer un uso completamente libre de la autopista de la información; en la otra orilla se encuentran quienes abogan por legislaciones que restrinjan esa libertad, sobre todo en casos de incitación al odio o reivindicación de conductas criminales.

Las grandes compañías de servicios de Internet han sido, por principio, contrarias a fomentar controles estatales sobre los contenidos de sus usuarios; sin embrago, ante las evidencias de que, por ejemplo, algunos grupos extremistas usan las redes sociales para radicalizar y reclutar jóvenes que terminan perpetrando acciones terroristas en Europa y Estados Unidos, Facebook, Twitter, Youtube y Microsoft anunciaron hace un año la creación de un código de conducta para prevenir la incitación al odio en Internet.

Al cabo de un año, los resultados de esta iniciativa, promovida por la Unión Europea, han mostrado algunos avances, no obstante las críticas acerca del incumplimiento de algunas metas: detectar y eliminar de las plataformas, en menos de 24 horas, las manifestaciones de odio.

Al margen de este intento puntual y de sus resultados, es necesario ampliar la discusión acerca de si el derecho a la libre expresión está por encima de la protección de valores fundamentales que atañen a la seguridad y la convivencia públicas, los cuales, por lo visto, son cada vez menos controlados por los gobiernos y dependen cada vez más de las multinacionales de Internet que con su enorme contribución tributaria los sostienen.

Del diálogo y la colaboración entre estas dos fuerzas depende que los medios surgidos en el complejo entorno de las nuevas tecnologías no sean usados por los grupos que desprecian esos valores para conseguir sus más oscuros objetivos.

Las redes sociales son depositarias de lo mejor y de lo peor de nuestra naturaleza: desde sus espacios se exaltan los más nobles valores y las más perversas causas, lo grotesco y lo sublime conviven en medio de una frenética actividad global que no se detiene jamás.