Escuchar al fiscal Francisco Barbosa y a la directora del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, relatando los pormenores de la investigación que condujo a la captura de tres directivos de un hogar de paso en Valledupar en el que se abusaba sexualmente de los menores que debían proteger parece una película de terror.

Alrededor de 70 niños, entre los 5 y 14 años, permanecían en la fundación que operaba desde 2014 en la capital del Cesar y que el organismo encargado de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos contrató para operar como hogar de protección para niños víctimas de abuso sexual, condición de calle y drogadicción.

¡Que contradicción! Esos menores debían estar allí para tener una nueva oportunidad de reconducir sus vidas, de encontrar un mejor futuro. Pero no. Todo lo contrario. Allí encontraron más de lo mismo que ya les había tocado vivir en su corta existencia. Nuevamente el Estado no pudo garantizarles sus derechos y otra vez se convirtieron en víctimas de la perversidad humana que se aprovecha de ellos para satisfacer sus inexplicables aberraciones sexuales.

No se conoce aún exactamente por cuánto tiempo fue abusada la menor que fue llevada incluso hasta Cartagena, sin permiso del ICBF, para obligarla a someterse a las peticiones de sus presuntos victimarios, ni cuántos menores en total padecieron los vejámenes cometidos en ese hogar que debía protegerlos. Lo cierto es que el peso de la ley debe caer sin atenuantes sobre los responsables de estos deplorables hechos.

Eso es solo un capítulo de la historia, porque lo que se debe revisar de fondo es la rigurosidad y los mecanismos para verificar la calidad, seriedad e idoneidad de los operadores que se contratan para proteger la vida de los menores bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Es plausible la acción de las autoridades al conocer el hecho, pero esto no debió haber pasado. Y, definitivamente, no puede volver a pasar. El Estado tiene que ser capaz de garantizar y resguardar efectivamente los derechos de los menores que no han tenido la posibilidad de crecer en un hogar que les asegure su crecimiento, educación y crianza.

El abuso sexual sigue siendo un problema con miles de ramificaciones en todas las esferas de la sociedad colombiana. Dos noticias en este sentido ocuparon la atención del Atlántico: por un lado el caso informado por la Fiscalía General ocurrido en el hogar de Valledupar; y por el otro, el abuso sexual denunciado por una patrullera de la Policía, y que motivó el relevo del cargo del comandante operativo de la Policía del Atlántico, el cornonel Fredy Patiño. Ambos casos relacionados con entidades y personas que se deben a la protección y al bienestar de la comunidad, en ningún caso lo contrario. ¿Dónde están seguros nuestros niños y mujeres?

Alrededor de 70 menores permanecían en el hogar de protección en Valledupar denunciado por el ICBF y la Fiscalía. Sus directivos deberán responder por el presunto abuso sexual de una menor.