Con la condena de la Corte Suprema de Justicia al exdirector del DAS entre los años 2002 y 2005, Jorge Noguera Cotes, por el escándalo de las ‘chuzadas’ a políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes de opinión, se cierra uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.

La Sala de Casación Penal de la Corte condenó a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión a Noguera Cotes por concierto para delinquir agravado. El exfuncionario del gobierno Uribe ya tenía otra condena a 25 años de cárcel por cuatro delitos, entre ellos el homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis, cometido en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004.

De acuerdo con la investigación, Noguera comandó la “organización criminal denominada Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), creada sin la expedición de acto administrativo alguno (...) cuyos miembros llevaron a cabo interceptaciones de correos electrónicos, fax, líneas celulares y telefónicas de algunas personalidades que eran consideradas opositoras del gobierno de la época”.

Según la Fiscalía, el grupo G-3 “tenía una oficina con logística y presupuesto que provenía de los recursos del Estado”.

La condena de Noguera se suma a la que recibió en 2015 la también exdirectora del organismo de seguridad María del Pilar Hurtado a 14 años de prisión por abuso de autoridad en la función pública y violación de comunicaciones, en el marco de las interceptaciones ilegales.

El exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno también fue condenado a ocho años de cárcel en 2015 por la Corte Suprema.

En su nueva condena contra Noguera, la Corte envió copia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las conductas relacionadas con las interceptaciones telefónicas.

El papel del DAS bajo las administraciones de Noguera y Hurtado, en el gobierno de Uribe Vélez, llevó a que el organismo fuera liquidado en octubre de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, y en su reemplazo se creó la Agencia Nacional de Inteligencia, entidad de carácter civil adscrita a la Presidencia de la República.

Las investigaciones han determinado que el DAS, órgano de inteligencia del Estado, extralimitó sus funciones y se convirtió en una empresa criminal que tuvo vinculación directa no solo con las ‘chuzadas’, sino con homicidios selectivos, atentados a personalidades y colaboración con los paramilitares.