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El Editorial | Transmetro necesita soluciones, no más crisis

Más de 50 mil personas se quedaron varadas en Barranquilla y su área metropolitana por la parálisis de los operadores de Transmetro debido a serios problemas económicos. Una crisis que requiere diálogo para buscar salidas, no demostraciones de fuerza.

La decisión de la Unión Temporal Sistur y el Grupo Empresarial Metrocaribe de suspender la operación de Transmetro vulneró el carácter de servicio público esencial que tiene el sistema de transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana. En una galimatía conceptual, los representantes legales de estas firmas argumentaron que “no pararon, sino que dejaron de operar” por la profunda crisis financiera que afrontan. Nadie la niega. El devastador efecto de la pandemia agravó la difícil situación financiera del sistema que requiere, sin duda, concertación entre las distintas partes involucradas para encontrar salidas viables que aseguren su sostenibilidad. No obstante, dejar sin su principal medio de transporte a más de 50 mil personas de la noche a la mañana, sin notificación previa a estos usuarios ni al ente gestor, es una salida en falso que no facilita el consenso.

Atajar la crisis es apremiante. Antes de la pandemia, Transmetro, estructurado para movilizar 305 mil pasajeros por día, apenas transportaba 130 mil. Este desfase acumuló, mes tras mes, un déficit importante debido a que el costo de la operación superaba, efectivamente, el ingreso por tarifas. Situación compartida por otros sistemas de transporte masivo en el país como el Transmilenio de Bogotá, el MIO de Cali o el Megabús de Pereira, solo por mencionar tres de los ocho que funcionan en la actualidad sorteando enormes dificultades financieras. El menor recaudo por tarifas se profundizó con el control de aforos ordenado por el Gobierno nacional a causa de la emergencia sanitaria, lo que provocó una caída significativa de la demanda de usuarios e impactó aún más el flujo de ingresos por pasajes. A los costos fijos que son del 100 % se debe añadir la inversión por las medidas de bioseguridad adoptadas, mientras que la capacidad autorizada todavía oscila entre el 50 % y 70 %, de manera oficial, a pesar de que los viajeros estiman que esos porcentajes ya no se cumplen.

La Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Simus) señala que el hueco dejado por la pandemia suma $ 2 billones al déficit de los sistemas de transporte masivo en Colombia. Cerca de $ 53 mil millones corresponden a Transmetro en el que hoy se movilizan un promedio de 50 mil pasajeros por día, el 38 % de quienes lo hacían en marzo de 2020.

Es un hecho innegable que la crisis llevó al límite a los operadores que se quejan de los portazos que les dan los bancos por sus “saldos en rojo” en los créditos, pero el tono de su comunicado público y la forma cómo fue revelado apenas una hora antes del inicio de la operación a través de redes sociales dejan un mal sabor y ponen sobre la mesa un alarmante distanciamiento con su principal interlocutor, el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, a quien señalan de “negligente” para atender sus peticiones y de adelantar una “pésima administración”. El Distrito y el ente gestor señalan que han “apoyado financieramente la operación” para garantizar el servicio con la disposición de recursos por $ 42 mil millones, precisan que “legalmente hay unos límites a la entrega de dineros públicos a unos privados”, y anuncian que en los próximos días “autorizarán el 100% del aforo de usuarios”. Dimes y diretes que deberían haberse ventilado en una mesa de conversación buscando soluciones conjuntas a una situación que afecta a decenas de miles de personas que pasaron las duras y las maduras para movilizarse. Retomar el diálogo es imprescindible.

Encontrar salidas a esta crisis monumental –que crece sin parar– no será fácil, pero dejar a los usuarios sin servicio de transporte público es inaceptable. Este debe ser garantizado. El Ministerio de Transporte debe coadyuvar en esta labor y no solo limitarse, como ocurrió en este caso, a citar normas para recordar que Distrito y Transmetro deben “velar por el eficiente y correcto desarrollo del sistema” y su operación. Un problema de semejante magnitud no puede ser delegado únicamente a las entidades territoriales. Hay muchos intereses que conjugar. Se hace necesario explorar otras formas de financiamiento diferentes a la tarifa para evitar que los usuarios terminen pagando los platos rotos de una crisis cantada.

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