En Colombia, donde la participación de las mujeres en la vida política es mínima, haber alcanzado la histórica aprobación de la paridad de género en las listas para cargos de elección popular, cuando las plazas a proveer sean más de 5, constituye un paso trascendental para ampliar y cualificar su condición de ciudadanas, hacer valer sus derechos y abrir espacios para avanzar en la reducción de las odiosas brechas de género que han perpetuado la idea de que la política es solo cosa de hombres. Se empieza a hacer justicia ante una realidad social imparable: la igualdad de género.

Cualquier democracia incluyente debe garantizar la implicación, el conocimiento y la participación política de las mujeres, que en nuestro país representan el 51% de la población nacional. No se trata, por tanto, de ‘hacerles un favor’, sino de reconocer su valía como sujeto político con una identidad propia, capaz de contribuir, como lo hacen los hombres que ocupan cargos de elección popular, en la construcción de una sociedad equitativa y paritaria.

La lucha de las mujeres en Colombia por obtener el reconocimiento de sus derechos ha sido extenuante e injusta. Quizás por eso muchas de ellas percibían la política como algo lejano a sus propios intereses personales que no satisfacía sus necesidades y carencias sociales. La historia retrata la discriminación a la que han sido sometidas en la vida republicana del país. Apenas en 1954 las mujeres fueron consideradas como ciudadanas; tres años después ejercieron, por primera vez, su derecho al voto, pero no podían ser elegidas ni nombradas por el gobierno en cargos públicos relevantes. En el 2000, la Ley de Cuotas dispuso que un 30% de los puestos de alta dirección del Estado debían ser ejercidos por mujeres y, 11 años más tarde, otra ley incorporó ese mismo porcentaje de cuota de género para las elecciones representativas. Una progresión evidente, pero aún lejos de la paridad. 

Años después de la aprobación de estas leyes, la participación política de las mujeres es bastante precaria y en algunos casos va en retroceso. De 279 parlamentarios 55 son mujeres que representan el 19% del Congreso; de los 32 departamentos del país solo dos cuentan con gobernadoras – una de ellas es Elsa Noguera del Atlántico – y de las 1.099 alcaldías 132 son lideradas por mujeres, entre ellas Virna Johnson, de Santa Marta. 

La senadora sucreña Ana María Castañeda y el representante atlanticense César Lorduy, ambos de Cambio Radical, hicieron dupla y le apostaron, con voluntad política y enorme sensibilidad social, a reescribir la historia de discriminación de la mujer en la política con su iniciativa de paridad de género en las listas, que abrirá, sin duda alguna, una mayor participación femenina en los espacios de poder y toma de decisiones del país. 

La paridad de género en las listas de candidatos al Congreso, asambleas, concejos y JAL –incluida en la aprobada reforma al Código Electoral– es un avance en la dirección correcta, pero aún queda un largo camino que exige la participación de todos los sectores de la sociedad para cambiar la forma como se gestionan los roles en los espacios público y privado, promoviendo la igualdad de capacidades de mujeres y hombres para asumir responsabilidades en estos ámbitos. 

Debe ser compromiso de cada ciudadano luchar contra esta inercia, socializando a diario la importancia de garantizar un equilibrio de género en la vida familiar y laboral para evitar que las nuevas generaciones crezcan con ideas discriminatorias sobre el papel de la mujer en la política, lo que perpetúa, de manera inconsciente, las intolerables desigualdades de género en todas las dimensiones de la sociedad.