Si no se adoptan medidas urgentes, entre ellas la elaboración de mapas de riesgo para prevenir emergencias y se activan los planes para gestionar eventuales desastres, las consecuencias de la fortísima ola invernal que se avecina podrían ser catastróficas. Estamos avisados. Hace cerca de una semana, el presidente Gustavo Petro reclamó a los gobernadores del país actuar con celeridad ante la inminencia de las lluvias que en algunas regiones han comenzado a caer con inusitada fuerza. ¿Ya lo hicieron? También pidió a los armados ilegales una tregua invernal. Resulta insólito, por no decir irresponsable, que a esta altura –con toda el agua que ha dejado este atípico 2022– según confirmó el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, solo 12 municipios tengan sus mapas de riesgo actualizados con vistas a la segunda temporada que, por cuenta del fenómeno de La Niña, se pronostica intensa. 

Con preocupación, insistentes voces desde el Ideam, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Ministerio de Ambiente han venido alertando sobre posibles efectos devastadores de las lluvias, las que quedan del mes de agosto y, sobre todo, las que arreciarán a partir de septiembre con posibilidades crecientes de extenderse hasta mediados de diciembre e incluso a enero de 2023. Los modelos de predicción climática revelan dos hechos novedosos que no podemos pasar por alto. Por un lado, el adelanto de las precipitaciones –lo estamos viendo en distintos territorios– y, por otro, el incremento de hasta un 50 % en la cantidad de agua que se prevé caiga en las próximas semanas, en particular en las regiones Andina y Caribe.

En ambos casos, la afectación no se hará esperar. Primero, porque las cuencas del río Cauca y Magdalena, los más importantes del país, seguirán aumentando los altos niveles de sus caudales, lo que acrecentará, inevitablemente, el riesgo de inundaciones mucho peores que las actuales, en departamentos como Santander, Córdoba, Sucre, Magdalena o Atlántico, donde se contabilizan miles de damnificados. A punto de completar un año con el agua por todos los lados, en la Mojana la situación podría tornarse aún más dramática. ¿Cuáles son las alternativas que ofrecen a sus habitantes, hartos de promesas de políticos que sin la menor vergüenza han minusvalorado su tragedia? Por cierto, en la vulnerable zona del Canal del Dique, donde sus líderes fueron amenazados por sus cuestionamientos al megaproyecto de restauración, también es imprescindible una intervención prioritaria para que los peores vaticinios no se hagan realidad. Que no se repita la lamentable historia de hace cerca de 12 años cuando se procedió demasiado tarde.

Lo otro es la saturación de suelos por las constantes lluvias de meses anteriores que pone el foco en zonas de ladera donde podrían ser inminentes los deslizamientos o avalanchas. Tampoco conviene desestimar la posibilidad de crecientes súbitas, inundaciones lentas, derrumbes y un cúmulo de efectos, todos bastante calamitosos derivados de las sucesivas lluvias, que tendrían un alcance similar o superior a los registrados entre los años 2010 y 2011, de infausta recordación en la Costa. Ante este inquietante panorama que de materializarse agravaría aún más el sufrimiento de las comunidades más pobres, queda claro que el costo de la inacción terminaría siendo más elevado que el de poner en marcha imprescindibles estrategias de respuesta y prevención, como también demandan la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Esta última advierte sobre 100 municipios, al menos, en alerta roja, 21 de ellos en la Costa, lo que deja expuestos a sus habitantes a la vulneración de sus derechos humanos, incluido el de la vida misma. 

Vivimos inmersos en una profunda crisis climática que nos necesita a todos movilizados en torno a un mismo propósito: evitar desgracias humanas, daños o pérdidas irreparables. Nunca estaremos lo suficientemente preparados para encarar fenómenos meteorológicos extremos, pero quedarse de brazos cruzados –como aún están muchas de nuestras autoridades– no es una opción. La coordinación entre los liderazgos gubernamentales, sociales y ambientales, al igual que las exigencias presupuestarias, se hacen evidentes. No dejemos de poner lo verdaderamente urgente por delante de lo que es importante.