La inaceptable ‘celebración’ registrada en video en la que se observa a menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes y bailando de manera inapropiada para su edad en un barrio popular de Cartagena confirma, una vez más, la deplorable y reiterativa vulneración de los derechos de los niños en Colombia sometidos a arbitrariedades y abusos por sus propios padres, incapaces de garantizar su protección y cuidado.

Este hecho extremadamente grave e injustificable puso en riesgo la salud, integridad física y hasta la vida de estas niñas pequeñas a las que se les permitió y aparentemente facilitó el consumo de cervezas. Bajo los efectos de las bebidas que alteran el sistema nervioso, a las menores se les ve tambalearse y caminar erráticamente, mientras a su alrededor otros niños, incluso más pequeños que ellas, las observan. Todos bailan en lo que parece ser un festejo de fin de año promovido u organizado por adultos que circulan a su lado siendo testigos de las penosas escenas sin inmutarse en lo más mínimo.

Una conducta claramente “ilegal”, como la calificó la directora general del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, quien reiteró que “no basta con decirles a los menores de edad que ellos no pueden tomar o prohibírselo, hay que ser coherentes, no enviar mensajes contradictorios y cuidarlos”. Sí, y cuidarlos bien para que no repliquen comportamientos inadecuados de los adultos, entre ellos los asociados al consumo de alcohol y drogas. Educar con el buen ejemplo es vital para evitar que incurran en excesos donde queden expuestos a situaciones punibles o a riesgos vitales.

Las madres de las niñas –conducidas por la Policía de Infancia y Adolescencia ante una comisaría de familia– no asumieron ninguna responsabilidad frente a lo sucedido y aseguraron que las menores eludieron su vigilancia. ¿Asunto resuelto? Pues no, la autoridad administrativa les impuso sanciones pedagógicas, al tiempo que la Fiscalía General inició una investigación para establecer la posible comisión del delito de suministro de sustancias adictivas a menores de edad y la Defensoría del Pueblo, que sigue el caso, pidió adoptar otras medidas inmediatas.

Es necesario sentar un precedente frente a este tipo de acciones en las que se vulneran los derechos de los menores para evitar que lamentables episodios como éste vuelvan a ocurrir. Tristemente esta es una realidad dolorosa, desafortunada y vergonzante a la que se ven abocados menores, con demasiada frecuencia, en distintas regiones del país, tanto en áreas rurales como urbanas. Por eso, no solo se trata de indignarse, repudiar la actitud de las madres, preguntar dónde están los papás y mirar hacia otro lado. Hoy fue en Cartagena, mañana podría suceder en cualquier otro lugar donde el bienestar de los niños, a pesar del interés jurídico supremo que les asiste, resulte pisoteado por voluntad o capricho de unos padres o cuidadores inconscientes, irresponsables o malintencionados. Tolerancia cero ante estas conductas reprochables.

El Gobierno debe redoblar esfuerzos y articular renovadas estrategias para garantizar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes a través de la permanente formación y educación de padres, docentes y servidores públicos buscando que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel cultural, social, económico y educacional, asuman un compromiso con su amparo, salvaguarda y respeto insistiendo en que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Los menores de edad son una población vulnerable y frágil, sujeta de especial protección constitucional que le impone la obligación a la familia, al Estado y a la sociedad de asistirlos y protegerlos ante cualquier amenaza o transgresión de derechos. Que no nos siga quedando grande ofrecerles a nuestros niños posibilidades de un desarrollo integral en ambientes sanos y seguros. Es lo mínimo.