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Editorial

El Editorial | Mitigar el daño

La desigualdad educativa está profundizando la brecha económica y social en sectores donde los menores corren el grave riesgo de terminar desescolarizados y siendo ‘presa fácil’ de la delincuencia.

Mientras el coronavirus sigue su curso con notables descensos y algunas escaladas de su curva epidémica en distintas regiones del país, el Ministerio de Educación Nacional le metió el acelerador a las entidades territoriales para que, a más tardar el 9 de noviembre, tengan listos sus planes de alternancia educativa de cara al “retorno gradual, progresivo y seguro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a las aulas”, bajo este modelo, que ya está siendo aplicado en algunos centros educativos privados.

A través de la directiva 016, la ministra María Victoria Angulo solicita a alcaldes y gobernadores que elaboren y presenten ante la comunidad educativa y el propio ministerio sus planes de alternancia detallando las acciones para los diferentes grados y niveles de los sectores oficial y no oficial, en lo que resta de 2020 y el año 2021.

Sin vacuna en el corto ni mediano plazo se descarta el regreso de los estudiantes en condiciones normales a colegios y escuelas del país. Sin embargo, quedarse de brazos cruzados hasta que esta inédita crisis sanitaria se resuelva por completo tampoco es una opción. Los padres de familia no pueden seguir por más tiempo en la incertidumbre de saber si sus hijos van o no a retomar sus clases presenciales en diciembre de 2020 o en marzo de 2021 porque si no es posible hacerlo tendrán que disponer de lo necesario para que continúen estudiando en casa con todo lo que ello implica. Los niños y adolescentes, cada vez más afectados en su bienestar por las complejidades de la educación a distancia, también merecen conocer qué les espera.

2020 está siendo un año duro para muchos padres y maestros comprometidos en asegurar la formación de niños y jóvenes, especialmente de quienes no cuentan con medios digitales. Una brecha insalvable, que si no es cerrada a tiempo, acelerara la desigualdad educativa, económica y social en sectores donde los menores corren el grave riesgo de terminar desescolarizados y siendo ‘presa fácil’ de la delincuencia.

El Ministerio de Educación, al igual que los entes territoriales, tiene la obligación de evaluar y analizar –de acuerdo con el contexto sanitario de cada región– si existen condiciones para implementar, cómo y en qué plazo, esquemas de alternancia y protocolos de bioseguridad en colegios, rutas y comedores escolares, además de salones de clases. Directivas, docentes, padres de familia y el resto de integrantes de la comunidad educativa requieren información clara, precisa y oportuna para tomar las mejores decisiones.

Es un hecho irrefutable que las escuelas de las zonas rurales no cuentan con garantías sanitarias mínimas para volver en lo que resta del año e incluso en los primeros meses del que viene. Saber qué se está haciendo para ofrecer soluciones es prioritario: han pasado casi 7 meses desde la suspensión de las clases, tiempo suficiente para considerar alternativas y ponerlas en marcha.

Planificar lo que está por venir es esencial. Que el coronavirus siga estando entre nosotros no puede ser excusa para que las autoridades del orden nacional y local continúen aplazando la elaboración de planes y la destinación de recursos adicionales para preparar el retorno fiable de los estudiantes a las aulas, incluyendo infraestructura adecuada y elementos de bioseguridad. Hay que trabajar, de manera articulada, sin presiones ni posiciones temerarias, para llegar a consensos en torno al modelo de alternancia.

Garantizar educación de calidad en estos tiempos tan adversos requiere enormes dosis de diligencia y voluntad de todos los actores del sector educación, entre ellos, el Ministerio de Educación y sus secretarías, así como de Fecode, para evitar que niños y adolescentes terminen siendo los más afectados por los nocivos efectos de la pandemia.  

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