La situación de desastre natural declarada por el presidente Gustavo Petro para atender la catastrófica ola invernal en Colombia no solo es acertada, sino necesaria. Luego de sucesivas crisis, casi todas ellas desatadas por causa y efecto de la pandemia que demandó el desembolso de cuantiosos recursos, alcaldes y gobernadores del país llegan a los últimos 14 meses de sus mandatos con el agua hasta el cuello. Dicho de otra forma: presionados por una evidente estrechez económica. 

Sin capacidad para resolver las peticiones de los miles de damnificados ni facilidades para superar la devastación provocada por las torrenciales lluvias, que podrían ir hasta 2023, no le quedan muchas más opciones al Gobierno nacional que meterse la mano al bolsillo para tratar de mitigar el impacto de esta fortísima emergencia. En particular, la de carácter humanitario por el hambre y la falta de sitios seguros para los afectados, usualmente los más pobres y vulnerables que lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. 

Actuar con celeridad es indispensable. Si alguna duda queda acerca de la magnitud de este desastre, basta repasar las cifras de lo que ha sido una ruinosa temporada marcada por el embate del reiterativo fenómeno de La Niña, que ha incrementado entre 30 % y 80 % el promedio histórico de las lluvias en el territorio nacional.

Pese a que en distintas zonas se pusieron en marcha oportunos planes de prevención, la situación está siendo mucho más dramática de lo que se esperaba. Hasta ahora, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) reporta 289 municipios en declaratoria de calamidad pública y otros 750 con alguna afectación, en 26 de los 32 departamentos del país. Lamentablemente, ya son más de 127 mil las familias damnificadas, 207 los fallecidos –126 víctimas más que en el mismo periodo de 2021–, además de 37 desaparecidos, 4.300 viviendas destruidas y 69 mil averiadas, al igual que 2.110 vías dañadas. Y aún falta noviembre, otro mes que pinta calamitoso por el riesgo de inundaciones.  

En Atlántico, uno de los departamentos con más estragos debido al invierno, varios datos ilustran la gravedad del actual momento. En Barranquilla, donde en octubre llovió cerca de 67 % por encima de la media histórica, más de 2 mil casas, sobre todo en el suroriente, resultaron afectadas en los últimos 90 días: 323 de ellas se desplomaron dejando a sus habitantes con lo que tenían puesto.

Los problemas también se extendieron a municipios como Soledad, Puerto Colombia, Palmar de Varela, Candelaria o Tubará, donde familias del corregimiento El Morro empezaron a ser reubicadas tras el impresionante colapso de un tramo de la Vía al Mar que se teme podría extenderse si continúa lloviendo a este ritmo. Estudios topográficos a cargo de la concesión Ruta Costera determinarán su alcance, pero la sola amenaza de incomunicación entre Barranquilla y Cartagena es alarmante.

Mientras, en el sur del departamento se acelera la limpieza de 122 kilómetros de canales en inmediaciones del Embalse del Guájaro. 

Estos son claros ejemplos de que la declaratoria de desastre natural hecha por el Gobierno es el camino correcto para, en orden de prioridades, asegurar atención humanitaria, reforzar acciones de mitigación de los daños y avanzar en medidas de adaptación al cambio climático. Ningún esfuerzo será menor en la búsqueda de soluciones inmediatas a una crisis descomunal que sumará nuevas emergencias con el paso de los días. Se requiere un compromiso absoluto del Gobierno que, con recursos frescos gracias a los traslados presupuestales, debe volcarse a ofrecer las respuestas que tanto le demandan las regiones. Clave que lo haga con celeridad, visión estratégica, transparencia y articulado con el nivel local. Para mañana es tarde. Solo así será posible dejar atrás lo peor de una situación que también exigirá, en el corto plazo, un debate profundo sobre las inevitables transformaciones del territorio para hacerlo menos vulnerable a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes. 

En últimas, evitar una degradación aún mayor del ambiente es una tarea de responsabilidad moral colectiva. Lograr victorias significativas no puede depender de unos cuantos, sino de la suma de muchas voluntades, pero sobre todo de esfuerzos económicos, sociales, de un cambio de modelo de crecimiento, hábitos de consumo y de un nuevo paradigma educativo. Una sola mirada no basta. La crisis ambiental es también humanitaria.